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Consejo de Asignaciones Parlamentarias solicitó antecedentes al Senado por lobista de JVR

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- Periodista Digital:
Cooperativa.cl

La presidenta de la UDI tiene a una gestora de intereses como asesora pagada con platas públicas, lo que está prohibido por reglamento.

La respuesta de la Cámara Alta debería llegar en siete días al Consejo, encargado de dirimir sanción contra la gremialista.

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La senadora podría recibir una sanción pecunaria, o ser obligada a rescindir el contrato con la lobista.

El Consejo de Asignaciones Parlamentarias confirmó que, a solicitud del diputado socialista Gastón Saavedra, se pidieron antecedentes al Senado para dirimir sanción por el contrato que Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) mantiene con su asesora y lobista Olga Osses, quien es remunerada con platas públicas, algo que el reglamento prohíbe.

Como dio a conocer un reportaje de Cooperativa Regiones, Osses realizó gestiones con autoridades para un proyecto habitacional en Hualpén, en el que fue parte involucrada el marido de la lobista.

El presidente del Consejo de Asignaciones Parlamentarias, Andrés Zaldívar, sostuvo a Cooperativa que si bien el reglamento no establece un plazo, lo regular es que en siete días el Senado entregue los datos para dirimir eventuales sanciones.

"Efectivamente nos llegó una carta que reclama sobre un tema que es relacionado a una posibilidad de lobby", sostuvo, señalando que reenviaron la misiva a la Cámara Alta "para que nos informen, para poder resolverlo".

"Una vez que recibamos la información, vamos a darle una respuesta al solicitante", apuntó Zaldívar.

En caso de que se confirmen las irregularidades en el Senado, las sanciones contra la presidenta de la UDI pueden ser pecuniarias, o también puede ser obligada a rescindir el contrato con la lobista.

Ante la respuesta preliminar del Consejo, el diputado Saavedra aseveró que las prácticas de Van Rysselberghe incurren en "un abierto incumplimiento al reglamento, a las normas que están establecidas del funcionamiento y del contrato de quienes son trabajadores, del Congreso y al mismo tiempo, ocupa los niveles de asesoría de los parlamentarios, cualquiera sea el caso".

"Esa normativa hay que cumplirla porque se trata de reponer la confianza en la ciudadanía del Congreso chileno, y también de la gestión pública a través de los políticos, que es un tema que está en tela de juicio. Creo que hay que asumirlo con responsabilidad, y evidentemente, puede molestar o doler", remarcó el parlamentario.