Corte de Iquique acogió recurso presentado por alcalde por "descontrol" en la frontera

La Corte de Apelaciones de Iquique acogió hoy un recurso de protección presentado el miércoles por el alcalde de esa comuna, Mauricio Soria (Ind.), contra el Gobierno de Chile por lo que considera es el "descontrol" en la frontera, en el marco de la creciente ola de migración irregular y la crisis sanitaria del coronavirus.

A través de esta acción, explicó el municipio, busca que el Ejecutivo "adopte todas las medidas necesarias para el debido control de la frontera, se contenga el masivo ingreso irregular de ciudadanos extranjeros, se les haga seguimiento a aquellos que ya han entrado a Chile, determine si se hicieron el examen PCR y si cumplieron cuarentena junto con recopilar todos los antecedentes necesarios para apoyarlos, creando un refugio para ellos dada la crisis humanitaria que, día a día, se agudiza en las calles y espacios públicos de Iquique".

El recurso va dirigido contra el Presidente Sebastián Piñera; los ministros de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand; y de Interior, Rodrigo Delgado; y contra el intendente Miguel Ángel Quezada.

Las autoridades mencionadas en el documento tienen un plazo de 10 días para "remitir conjuntamente todos los antecedentes necesarios al efecto".

"Insistí en reiteradas oportunidades, mediante oficios y ordinarios, a distintas autoridades nacionales para que se hicieran cargo de la compleja situación migratoria que vive Tarapacá. Incluso, intenté plantear el tema al Presidente Piñera en la reunión que sostuvo con varios alcaldes del país y, nuevamente, no fuimos escuchados", aseveró el alcalde Soria al recurrir ante el tribunal de alzada.

"Aquí hay una crisis humanitaria que el Gobierno de Chile no ha querido reconocer tirándola "debajo de la alfombra" y forzando a que sea solamente nuestra región y sus comunas las que se lleven el peso de ella", fustigó. 

El alcalde agregó que "el canciller Allamand habla de bandas internacionales y tráfico de personas, pero lo que aquí hay es uno de los procesos de migración más grandes del mundo, en la actualidad. Nosotros no estamos en contra del legítimo derecho a migrar, sino contra la falta de servicio por parte del Estado para que ese proceso se lleve como corresponde y dé también garantías de seguridad sanitaria a las y los tarapaqueños en el difícil contexto que vivimos por la pandemia del Covid-19, el que debemos afrontar con solamente un hospital y un personal de Salud más que extenuado y muy exigido".

Según la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Bitrap) de la Policía de Investigaciones (PDI), el tráfico de inmigrantes se multiplicó por 14 desde 2017 y en lo que va de año más 5.000 personas han ingresado al país de forma irregular.