Partido de Macri acude a Bachelet por supuestas violaciones a DDHH en pandemia
El PRO impugna restricciones sanitarias impuestas por el oficialismo, y acusa condiciones indignas en centros de alojamiento preventivo en la Provincia de Formosa.
El Gobierno de Alberto Fernández niega "delitos de lesa humanidad", pero admite que ha habido hechos de "violencia institucional" cometidos por la policía.
Propuesta Republicana (PRO), uno de los principales partidos opositores de Argentina, envió un informe a la alta comisionada ONU Michelle Bachelet para denunciar supuestas violaciones a los derechos humanos en la Provincia norteña de Formosa, relacionadas con los regímenes de aislamiento y distanciamiento obligatorios por el Covid-19.
La presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), Patricia Bullrich, junto a otros siete referentes del partido, expusieron en el documento casos concretos, con nombre y apellido, "de personas que han sido víctimas de injustificables decisiones gubernamentales".
Denunciamos ante @mbachelet, Chief @UNHumanRights, los abusos de poder en Formosa.
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 4, 2021
En el documento que presentamos hay testimonios en primera persona de quienes vieron violentados sus DDHH.
La libertad de los formoseños está en peligro, no podemos quedarnos de brazos cruzados.
El PRO es parte del frente Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora al Gobierno del peronista Alberto Fernández, quien asumió en diciembre de 2019.
El informe de 25 páginas que elaboraron indica que el esquema de prohibiciones establecido por el Gobierno nacional, su implementación y control, viene operando como un régimen propicio y adecuado para la violación de los derechos humanos de los y las habitantes del país.
Agrega que el Gobierno nacional, y en particular el Gobierno provincial de Formosa, que son del mismo color político, y vienen desarrollando una política que favorece y promueve acciones gubernamentales arbitrarias en perjuicio de la vida, la salud, la integridad y la dignidad de las personas.
LAS DENUNCIAS
Desde el comienzo de la pandemia, el Gobierno argentino ha impuesto restricciones y prohibiciones a la circulación y -el informe recuerda- ha delegado la implementación y el control al Ministerio de Seguridad nacional en coordinación con las fuerzas locales.
En particular en Formosa, se apunta a "la situación de los varados": personas que la provincia impidió ingresar a su territorio hasta que la Corte Suprema de Justicia ordenó el ingreso. Sin embargo, el informe denunció que se efectivizó el ingreso de sólo el 35 por ciento de las personas que lo solicitaron.
También se indica que los centros de alojamiento preventivo para cumplir con las cuarentenas no cumplen con las condiciones de infraestructura ni sanitarias de mínima dignidad.
Respecto de las comunidades de pueblos originarios, el informe acusó abusos sobre las comunidades Quom y Wichi.
Esta iniciativa se suma al informe que publicará la ONG Human Rights Watch sobre las denuncias recibidas, a las acciones que realiza Amnistía Internacional Argentina y las dos medidas cautelares pidiendo la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
LA POSTURA DEL GOBIERNO
El jueves pasado, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, aseguró que no hay delitos de lesa humanidad en Formosa.
"(Los centros) son lugares que están con aire acondicionado, nadie se quejó de la comida, nadie se quejó del trato de las personas que están a cargo del lugar... Sí hubo reclamos de ciertas cuestiones puntuales, donde no se les explicó más los detalles de los procesos de hisopado y vacunación. Eso lo transmitimos y la idea es que haya más diálogo", explicó.
También el jefe del Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, negó la situación: "No hay centros clandestinos de detención, ni hay violación a los derechos humanos en Formosa. Sí hay casos de violencia institucional de la Policía que se están estudiando", indicó