Contraloría detectó irregularidades por $227 millones en arriendo de camiones aljibes en Ñuble
El organismo "observó gastos sin documentación de respaldo" por dicho monto, en el marco de la "prestación de servicio de agua potable" a través de esos vehículos.
También comprobó conflictos de interés entre un funcionario de la Intendencia y la representante legal de una empresa de transportes.
La Contraloría General de la República detectó irregularidades por más de 227 millones de pesos en el arriendo de camiones aljibes entre 2018 y 2019 en la Región de Ñuble, y conflictos de interés por parte de un funcionario de la Intendencia.
La unidad regional del organismo fiscalizador realizó una investigación especial para verificar la correcta prestación del servicio de distribución de agua potable para el consumo humano, a fin de abordar la emergencia provocada por el déficit hídrico en todas las comunas de la región, entre el 6 de septiembre de 2018 y el tercer trimestre de 2019.
En ese marco, el informe "observó gastos sin documentación de respaldo, por un monto total de $227.804.514, por la prestación de servicio de agua potable para el consumo humano en vehículos aljibes, a las 21 comunas de la región".
Por tanto, la Intendencia "deberá acompañar los antecedentes referentes a los reportes de GPS y las planillas de registro de entrega del cuarto trimestre de 2018, informando documentadamente de ello a esta Contraloría Regional, en un plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción del presente informe".
La Contraloría también comprobó "la existencia de conflicto de interés entre un funcionario de la Intendencia Regional de Ñuble y la representante legal de una empresa de transportes".
En específico, los camiones aljibes utilizados para distribuir en la comuna de Chillán Viejo el agua potable de los proveedores Aguas para Chile SpA, Sotrafer SpA, Patricio Wilhem López y Transportes Juan Luis Zurita EIRL, eran de propiedad de la empresa de transportes Yessica Andrea Romero Carrasco Trasportes EIRL, cuya administradora y representante legal es Yessica Romero Carrasco, quien tiene una hija en común con Erwin Campos Cáceres, funcionario del gobierno regional, quien participó en distintas etapas de los procesos de contratación y de pago de los servicios.
La Intendencia comunicó escuetamente que al tomar conocimiento de esta situación, inició una investigación sumaria que remitió en julio de 2019 a la Contraloría Regional, donde continúa en trámite.
PRSD DEFIENDE A FUNCIONARIO: "CASI QUE LO OBLIGARON A SER PARTE"
Desde la política, el presidente del Partido Radical en Ñuble, Cristián Ortiz, apuntó que "era imposible" que el funcionario -militante del PRSD- "no participara en el proceso porque es parte de su trabajo; él también dio a conocer que no quería participar y por lo que entiendo y conversó conmigo, casi (que) lo obligaron a ser parte".
Por su parte, Juan José González, presidente regional de la UDI, sostuvo que este hecho lo "tiene que investigar la Justicia y si es como dice la Contraloría, que está involucrado Erwin Campos, sería lamentable y muy delicado porque los funcionarios públicos no estamos para hacer negocios particulares, (sino que) estamos para trabajar para la ciudadnaía".
La Contraloría ya remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
ALCALDE DE CHILLÁN VIEJO EXPLICA EL PROCESO
El alcalde de Chillán Viejo, Felipe Aylwin, entregó una mirada al conflicto desde la vereda municipal, señalando que "el agua es entregada por los camiones contratados por la Intendencia a los hogares autorizados por Onemi, a través de la ficha FIBE que se actualiza cada trimestre, y para las familias que se incorporan durante ese tiempo, el municipio dispone de otro camión para abastecerlos".
"En lo particular este municipio no ha tenido mayores complicaciones, pero si nos pareció muy arriesgado que la entrega del agua se concentrara en algunas empresas y no se considerará a cada municipio para hacer la contratación, siendo que el resto del trabajo si se deriva a las administraciones comunales", precisó.
USUARIOS PIDEN MÁS FISCALIZACIÓN
Los usuarios del servicio alertan que existe falta de fiscalización, lo que se traduce en la existencia de varios otros problemas dentro del proceso de entrega de agua en aljibes.
Pedro Rubio, presidente de la Asociación de Desarrollo Rural de Ñuble, señaló que "las organizaciones rurales constantemente hemos hecho denuncias respecto a que es poco saludable que la distribución del agua se haga una vez a la semana, la cantidad entregada también es una problemática, y también se ha denunciado la poca fiscalización a la distribución".