Caso Tomás: Fiscalía decretó secreto parcial y querellante no podrá conocer esperado examen de ADN

Continúan las diligencias y exámenes de laboratorio en el caso de Tomás Bravo Gutiérrez, el niño de solo 3 años de edad desaparecido el 17 de febrero en Caripilún, comuna de Arauco, y cuyo cuerpo fue encontrado sin vida 9 días después.

Ante esta situación, la Fiscalía calificó como "indispensable" posponer la entrega del cuerpo de Tomás, asegurando que los padres están al tanto y entienden la trascendencia de esta decisión que fue comunicada por medio de sus abogados.

Sin embargo, lo más relevante es el secreto parcial de la carpeta investigativa, que decretó la fiscal regional Marcela Cartagena durante el fin de semana.

Esto significa que incluso los propios intervinientes no conocerán ciertos detalles como el esperado resultado de una prueba de ADN en los restos del menor, para ver la posibilidad de una identidad biológica ajena.

"Tengo entendido que el resultado de esa pericia de ADN tendría que estar lista este lunes o martes (...) pero en virtud de este decreto de reserva de la investigación no vamos a tener acceso al resultado. Me refiero a todos los intervinientes: la defensa, los querellantes e incluso, por otra parte, la opinión pública", detalló Cristian Echaiz, abogado querellante y quien representa a Moisés Bravo, padre de Tomás.

Pese a todo para el jurista es positivo que se mantengan las reservas para el éxito de la indagatoria, sin embargo, el abogado también dijo que hay una estimación para que el cuerpo de Tomás sea entregado a la familia en un plazo de uno o dos meses.

Hasta el momento hay un solo imputado en la causa por el delito de homicidio calificado, el tío abuelo de la víctima, quien fue dejado en libertad y sin cautelares por parte de la Corte de Apelaciones de Concepción.

La decisión se tomó luego que el tribunal de alzada dijo que la Fiscalía no pudo acreditar la existencia del delito y situar al imputado en la participación material y consumada del hecho.

Respecto al secreto parcial de la carpeta, Osvaldo Pizarro, el defensor penal público que asesora al único imputado, dijo que la "son facultades del Ministerio Público y que, por cierto, tiene limitaciones en el estatuto jurídico que rige a la defensa. Esto significa que finalmente, de estimarlo nosotros procedente, podemos recurrir a los tribunales de justicia para efectos de que alce el secreto investigativo de ciertas piezas o que eventualmente nos permita el acceso al conocimiento de ellas".

"Estamos bastante tranquilos respecto a la decisión, que nos parece acertada y correcta, considerando particularmente que uno de los cuestionamientos ha sido la metodología científica y, por lo tanto, contar con peritos extranjeros que permitan eventualmente determinar de manera científica lo que ha pasado en esta investigación, es absolutamente adecuado y pertinente", agregó.