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Fiscalía formalizó a ex párroco de Hualqui por abusos contra acólito

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Autor: Cooperativa.cl

José Reinaldo Méndez, expulsado de la Iglesia católica, fue imputado por los delitos reiterados de abuso sexual y violación contra un menor que asistía a la casa parroquial.

"Se hizo valer de la circunstancia de que era guía espiritual de la víctima", acusó la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

 Referencial

El ex sacerdote José Reinaldo Méndez, otrora párroco de Hualqui, fue formalizado por abusos cometidos contra un menor de edad, que asistía como acólito a la casa parroquial de esa comuna de la Región del Biobío.

La audiencia se realizó el 3 de agosto ante el Juzgado de Garantía de Chiguayante, en la que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte le imputó los delitos de abuso sexual contra menor de 14 años y violación contra la misma víctima, ambos en calidad de reiterados, presuntamente cometidos entre 2015 y 2018 en el templo religioso.

El menor "asistía continuamente a la iglesia, de hecho era acólito en el lugar, y el imputado se hizo valer de la circunstancia de que era guía espiritual de la víctima", acusó el fiscal Francisco Jacir.

Debido a la avanzada edad y delicado estado de salud de Méndez, el juzgado determinó la medida cautelar de arresto domiciliario total mientras dure la investigación, para la que se fijó un plazo de cuatro meses.

"Estamos conformes en cuanto a la cautelar, entendemos que era bastante complejo que le dieran prisión preventiva (...) pero creemos que, en un eventual juicio, habrá una sentencia condenatoria que dará mayor fuerza a lo que ya transcurrido en este proceso", comentó el abogado querellante Christopher Montecinos.

De todas formas, recordó que "al menos en el proceso canónico, a pesar de que apeló a la medida, él se encuentra expulsado y ya no es sacerdote de la iglesia".

En marzo de este año, la Congregación para la Doctrina de la Fe determinó la expulsión del estado clerical de Méndez, entonces párroco de Juan Bautista en Hualqui, acusado de violar a un joven seminarista en 2002 en la comuna de Santa Juana; sanción a la que apeló.

Esa causa también fue denunciada al Ministerio Público, sin embargo, la Fiscalía se vio imposibilitada de indagar responsabilidad penal ante la prescripción del delito.