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Familias recurren a la Justicia tras ser desalojadas de un campamento en Talcahuano

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- Periodista Digital:
Cooperativa.cl

Buscan que se ordene al delegado presidencial, Patricio Kuhn, ejecutar el regreso de 100 personas al terreno fiscal.

"Queremos que nos devuelvan todas las viviendas... Nosotros pusimos nuestro IFE, nuestro 10% para construir una", explicó una dirigenta vecinal.

 Cedida.

Un grupo de 41 familias que componían el campamento "Villa del Sol" fueron hasta la Corte de Apelaciones de Concepción a interponer un recurso contra la Delegación Presidencial del Biobío tras el desalojo del campamento donde vivían hasta el pasado 26 de julio.

Tras el operativo policial, todas las personas tuvieron que abandonar el lugar y las viviendas fueron destruidas.

Para las familias esto se trata de un acto ilegal y buscan que el tribunal de alzada ordene al delegado, Patricio Kuhn, ejecutar el regreso de 100 personas al terreno fiscal mientras el Gobierno entregue soluciones habitacionales.

"Patricio Kuhn usó mucho la fuerza pública, nos destruyeron todas nuestras casas, nos pegaron, fuimos agredidos por Carabineros y la culpa la tiene él. Queremos que nos devuelva todas las viviendas que se robó... Nosotros pusimos nuestro IFE, nuestro 10% para construir una vivienda y pasar el invierno. Queremos que él nos entregue todo el material que se robó", señaló la dirigenta de los vecinos afectados, Yoya García.

"QUE SE RESTABLEZCAN LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES"

En tanto, Patricio Fierro, abogado que representa a las 41 familias, señaló que lo ocurrido es grave, sobre todo en medio de una pandemia y en época de invierno.

"Hay mujeres, adultos mayores, niños, que han sido violentamente desalojados. Le pedimos a la Corte de Apelaciones de Concepción que restablezca el imperio del derecho, que restablezca las garantías constitucionales que han sido vulneradas", señaló el jurista.

La Delegación Presidencial del Biobío comunicó que todavía no son notificados sobre el recurso, mientras que el municipio de Talcahuano coordinó una mesa de trabajo entre los afectados y el Serviu.