Admisible recurso presentado por vecinos desalojados de campamento en Talcahuano
La acción judicial es contra la Delegación Presidencial del Biobío.
Se decretó orden de no innovar mientras se tramita el libelo presentado por la comunidad.
Los denunciantes interpusieron el recurso ante la Corte de Apelaciones de Concepción.
La Corte de Apelaciones de Concepción declaró admisible el recurso de protección de 41 familias en contra de la Delegación Presidencial del Biobío.
Esto tras el desalojo de fines de julio de este año, desde el campamento "Villa del Sol" de Talcahuano.
Los denunciantes argumentan que se trató de un acto ilegal, donde además cuestionaron el criterio del Ejecutivo al realizar el desalojo en medio de una pandemia y en época de invierno.
Tras la resolución del tribunal de alzada, las casi 100 personas que conformaban la toma podrán volver a ocupar el terreno fiscal del sector Las Salinas.
Patricio Fierro, abogado de las familias explicó que además, "se acogió la orden de no innovar (...) permite a las familias continuar en ese espacio mientras se tramita el recurso".
El campamento "Villa del Sol" terminó totalmente desarmado tras el desalojo de la fuerza pública. Sin embargo sus integrantes se mantienen ahí viviendo en carpas.
Dicho escenario que se ha vuelto complejo durante las últimas horas, cuando el Biobío está bajo Alerta Temprana Preventiva debido al sistema frontal que en su primera etapa ya dejó más de 30 milímetros de agua caída y vientos de hasta 80 kilómetros por hora, a nivel regional.
"No nos hemos movido del terreno, seguimos en el terreno, hicimos una sede, un comedor comunitario para las ollas comunes. Los niños los tenemos en casas de familiares, pero nosotros continuamos en el terreno desde el mismo día del desalojo. En estos días de lluvia se han desarmado las carpas, el viento ha sido muy fuerte, pero tenemos una sede que nos dejó construir el alcalde", detalló Yoya García, presidenta del campamento.
Los ocupantes de la toma dicen que se mantendrán en el sitio a la espera de una solución habitacional por parte del Gobierno, mientras que el municipio del puerto instaló una mesa de trabajo junto al Serviu.
Desde la Delegación Presidencial del Biobío no se referirán a la acción judicial.