Gobierno seguirá como querellante en causa por delitos en la UdeC durante el estallido
El Juzgado de Garantía de Concepción lo confirmó, pese a que la acusación particular contra los imputados fue presentada fuera de plazo.
Un grupo de 12 personas es investigado por diversos ilícitos ocurridos al interior de esa casa de estudios.
Pese a presentar fuera del plazo legal la acusación particular, el Juzgado de Garantía de Concepción acogió este lunes la petición del Gobierno y mantuvo como querellante a la Delegación Presidencial Regional del Biobío en el caso Universidad de Concepción, por el que hay 12 detenidos.
Esta es una de las más emblemáticas causas derivadas del estallido social en el Biobío, dado que estos sujetos son investigados por diversos delitos, entre ellos incendio, lanzamiento de bombas molotov, daños y desórdenes públicos.
La situación se dio luego que la Delegación Presidencial del Biobío, en su calidad de querellante, no cumplió en la fecha que correspondía -el 6 de septiembre- con la presentación de la acusación particular, por lo que se entiende automáticamente un desistimiento en la causa.
Pese a esto, junto con adjuntar el 8 de septiembre dicho libelo, se solicitó ante el tribunal ser reconsiderado en la causa ante el caso fortuito de que la persona encargada, al momento de cumplirse la fecha, estaba con licencia médica.
Con esta decisión, la audiencia de preparación de juicio oral se traslada para el 23 de noviembre. Hoy en la tarde se reúne el directorio de la Universidad de Concepción para analizar eventual acuerdo con acusados para suspender persecución penal.
— Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) September 20, 2021
DEFENSA ASEGURA QUE DETENIDOS "SON PRESOS POLÍTICOS"
Ante esto, el abogado de cuatro de los doce imputados, Esteban Arévalo, afirmó que la decisión reafirma la condición de "presos políticos" de sus representados.
"Esto confirma que estamos en presencia de un juicio con características de juicio político y que los imputados son presos políticos del Estado chileno, por cuanto la Delegación acá representa al Gobierno de Chile", puntualizó el jurista.
En esta línea, indicó que "se confirma que la finalidad última de esta persecución que está realizando el Gobierno de Chile es con fines políticos".
Al tener una acusación distinta a la del Ministerio Público, las defensas de los imputados pidieron aplazar la audiencia programada para mañana martes, que era la de preparación de juicio oral.
Con esto, el Juzgado de Garantía de Concepción acogió también la solicitud de la defensa y pospuso el inicio de la preparación del juicio oral para el próximo 23 de noviembre.