Asociación de Magistrados pide asegurar inamovilidad, mantener fuero y cuidar competencias y contrapesos

Mientras la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional continúa evaluando cambios profundos al Poder Judicial, la vicepresidenta de la Asociación de Magistrados, Verónica Vymazal, pidió que estas modificaciones se hagan velando por la independencia de los jueces y por la transparencia interna.

A la fecha, algunas de las iniciativas aprobadas por la instancia son adelantar la edad de jubilación de los magistrados de 75 a 70 años, fijar un cierto periodo de duración en el cargo para algunos y despojar a todos del fuero constitucional en el caso de que se les impute algún delito, y también se habla de cambiar el nombre del poder mismo.

Por ello, la representante del gremio indicó en El Diario de Cooperativa que "el poder de resolver los asuntos está en el estrado, en la labor que realiza cada juez o jueza. Lo relevante es dotarlos de las herramientas necesarias que aseguren su independencia interna o externa, por ende el nombre Sistemas de Justicia o Poder Judicial no es lo relevante en el desarrollo constitucional de nuestra organización judicial".

"Hay varias constituciones en derecho comparado que hablan de sistemas de justicia y no de poderes judiciales, y eso no quita la independencia y las facultades que tiene el Poder Judicial de establecer este control necesario respecto de los otros poderes, y que exista un contrapeso", planteó.

BLINDAR LA INDEPENDENCIA

En cuanto a rebajar la edad, Vymazal sostuvo que "lo importante es que se asegure la inamovilidad de este juez o jueza, es decir, que desde el nombramiento hasta el cumplimiento de la edad de jubilación no existan controles intermedios ni una evaluación constante, por ejemplo del Ejecutivo, o que tenga que someterse a repostular a un cargo por un determinado periodo".

"Eso sí afectaría la independencia judicial, porque estaría sujeto constantemente a tener que prepararse para que quien esté a cargo de los nombramientos o de evaluarlo lo mantenga en el cargo", apuntó.

A su vez, cuestionó que se busque desechar el fuero, ya que esta "es una herramienta más que se establece a nivel constitucional para blindar a los jueces para que, al momento de resolver el asunto, no esté afectado por posibles acciones, demandas o querellas temerarias que pudieran pretender amenazar esta independencia para presionarlos".

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD Y "PLURALISMO JURÍDICO"

Por otra parte, Vymazal valoró que la comisión del ramo acogiera "la necesidad de modificar nuestro sistema de nombramiento" mediante la instalación de un consejo judicial, y pidió que este cambio venga aparejado de un "contrapeso".

Según el gremio, este debe expresarse en "un control importante y serio al momento del nombramiento, con requisitos y un proceso transparente, y también un sistema de accountability o de responsabilidad -que actualmente no lo tenemos-, que establezca cuáles son los hechos en los que vamos a sancionar a los jueces, cuáles son las sanciones que les vamos a aplicar a quienes no cumplan su función, y además cuál es el proceso que les vamos a aplicar".

Finalmente, sobre la idea de permitir el funcionamiento de sistemas jurídicos indígenas en paralelo al nacional, la magistrada sostuvo que si bien "el reconocimiento del pluralismo judicial es un reconocimiento a nuestros pueblos originarios y Chile estaba al debe con eso, lo que nos preocupa un poco es que se establezca dos sistemas que coexisten, y es necesario que al momento de desarrollar esta norma se establezcan contrapesos y competencias claras".

En concreto, solicitan que durante el proceso constituyente se determine "quién va a resolver un posible conflicto de competencias que exista entre cada uno de estos poderes", como es el caso en países como Nueva Zelanda y Canadá, en los que varios sistemas coexisten hace más de 40 años.