Ministra de la Mujer ha expresado reparos sobre uno de los candidatos a fiscal nacional
El abogado Ángel Valencia representó al exjuez Luis Barría frente a una denuncia por acoso sexual contra una funcionaria del Poder Judicial.
Cercanos a Antonia Orellana niegan que busque "vetarlo", pero explican que ve improcedente su posible nominación por un Gobierno que se declara feminista.
"No tengo ningún antecedente para cuestionarla", replicó el aludido, que dijo confiar en que se elegirá al "candidato más idóneo".
Orellana -que milita en Convergencia Social, el partido del Presidente Boric- ha dado a conocer su opinión al interior del Gobierno, en medio de trascendidos que señalan a Valencia como uno de los favoritos del Senado para suceder a Jorge Abbott.
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, ha manifestado su preocupación porque el abogado Ángel Valencia es uno de los favoritos del Senado para acceder al cargo de fiscal nacional, para el cual el Presidente Gabriel Boric todavía no da a conocer su nominación.
El origen de su inquietud es que el candidato a liderar el Ministerio Público solía representar al exjuez Luis Barría en un caso -todavía vigente- de acoso sexual, por un hecho que se remonta al 2018, cuando presuntamente forzó a una funcionaria del Poder Judicial a darle un beso, causándole "un daño sicológico moderado agudo".
Como defensor privado de Barría, Valencia insistió en que "no hay ningún antecedente que la querellante se haya tomado el tiempo de exponer a vuestra señoría que permita sostener la imputación".
Orellana, que en la época de la denuncia integraba la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres -organización que respaldó a la víctima-, ha expresado sus reparos ante la aspiración de Valencia entre sus círculos cercanos y los del Frente Amplio, publicó La Tercera PM.
La secretaria de Estado -que milita en Convergencia Social, el mismo partido que el Presidente Gabriel Boric- plantea que resultaría improcedente que un Gobierno que se autodenomina feminista y que busca la transversalización de la perspectiva de género, seleccione entre la quina elaborada por la Corte Suprema a un postulante que ha patrocinado a un denunciado por tal delito, independiente de su valoración profesional.
No obstante esta advertencia de Orellana, que a principios del mandato supuestamente dejó fuera al sacerdote Felipe Berríos de una iniciativa del Minvu, fuentes contactadas por el vespertino negaron que la ministra esté "vetando" a Valencia, y sostienen se ha limitado a compartir su opinión frente a la simpatía que el abogado genera en diferentes sectores políticos para suceder a Jorge Abbott.
El propio candidato -que se encuentra desarrollando una capacitación en Uruguay- coincidió con tales fuentes: "Tengo el mayor respeto por la ministra Orellana; no tengo ningún antecedente para cuestionarla y no creo que exista un veto de ella a mi persona. Confío en la institucionalidad y confío en que el Gobierno va a escoger al candidato más idóneo", aseguró.
ASPIRANTE DEFENDIÓ SU "RIGUROSIDAD TÉCNICA Y ÉTICA"
El domingo recién pasado, la antes mencionada Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres afirmó en un comunicado que la idea de que el Presidente nomine a Valencia en el cargo es "inaceptable", y por tanto, exigió que "en la designación del más alto cargo en el Ministerio Público, tanto el Gobierno como el Congreso, consideren que una vida libre de violencia machista es también un factor clave para que exista algo de justicia en Chile".
Valencia respondió con su propio escrito el lunes, en el cual señaló que no sólo no bajaría su candidatura, sino que recalcó que durante su carrera ha representando a víctimas de violencia sexual, y que aquello también constituye una de sus cruzadas: "Siempre he mantenido un gran compromiso con las víctimas y todo quien me conoce verdaderamente puede dar fe de mi trato respetuoso hacia los y las intervinientes en todos los casos que ha debido asumir", apuntó.
En cuanto a su representación del exjuez Barría, sostuvo que "es uno de muy pocos en que he actuado como defensor en este tipo de materias. En éste he trabajado con total rigurosidad técnica y ética, fundado en el derecho que tiene toda persona a asistencia letrada desde las primeras actuaciones del procedimiento y en el principio de la presunción de inocencia".
"Creo que las demandas por una mejor investigación y persecución por hechos de violencia de género son del todo legítimas y que el reclamo en favor de las víctimas es absolutamente correcto. Por lo mismo, personalizar en mí esta realidad por ejercer como abogado defensor de una persona formalizada no resulta justo", reprochó.