Fiscalía de Perú pidió 18 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo
El requerimiento fue presentado por el fiscal supremo Uriel Teran, acusando al exmandatario de cometer al menos cuatro delitos, incluido el de rebelión.
También está implicado el exprimer ministro y asesor jurídico de Castillo, Aníbal Torres, quien permanece en la clandestinidad.
El Poder Judicial peruano evaluará el requerimiento este mismo miércoles, cuando está previsto que concluya la detención preliminar del expresidente.
La Fiscalía de Perú solicitó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, informó a EFE una fuente vinculada a la investigación en su contra por la presunta comisión del delito de rebelión, a raíz del fallido golpe de Estado que motivó su destitución.
El requerimiento fue presentado por el fiscal supremo Uriel Teran, encargado del despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, agregó la fuente.
La solicitud incluye al exprimer ministro y asesor jurídico de Castillo Aníbal Torres, y se presentó luego de que el Poder Judicial autorizó el pedido del Ministerio Público para iniciar investigación preparatoria a Castillo.
La solicitud de prisión preventiva abre la posibilidad de que se prolongue la detención preliminar que cumple Castillo, que debe culminar en principio hacia el mediodía de este miércoles, aunque esa decisión es competencia de las autoridades judiciales.
La emisora RPP agregó que el Poder Judicial ha programado la audiencia para evaluar el requerimiento fiscal, que estará a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley, desde las 9:30 horas (11:00 en Chile) de este miércoles.
REBELIÓN Y CONSPIRACIÓN
Este magistrado, encargado del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, aprobó durante la noche de este martes la formalización de la investigación preparatoria contra Castillo y su exprimer ministro Torres.
La resolución de Checkley precisó que Castillo será investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración, así como presunto autor de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Torres, en su condición de asesor de la presidencia del Consejo de Ministros al momento de los hechos, será investigado como presunto coautor en los delitos de rebelión y conspiración, aunque éste permanece en la clandestinidad.
La investigación ha sido calificada de "compleja" por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses.
Este martes, el juez supremo César San Martín rechazó la apelación que la defensa de Castillo presentó contra su detención preliminar y señaló que, con los cargos planteados por la Fiscalía, el exmandatario puede enfrentar entre cinco y 10 años de cárcel.
Durante esa audiencia, Castillo expresó, en forma remota desde la cárcel, que no ha cometido "ningún delito de conspiración ni rebelión" y sostuvo que está "injusta y arbitrariamente detenido".