Parlamento de Perú aprueba reconsiderar proyecto para adelantar las elecciones
En una primera instancia la iniciativa fue rechazada por no recibir los 87 votos que exige la ley al tratarse de una reforma constitucional.
Si llegara a ser aprobado, la presidenta Dina Boluarte llamaría a elecciones en diciembre de 2023 y terminaría su mandato en abril de 2024.
El pleno del Congreso peruano aprobó este martes reconsiderar el proyecto de adelanto de elecciones generales para 2023, tal como solicitó el Ejecutivo peruano, después de una votación previa en la que se rechazó esa iniciativa.
El Parlamento aprobó la reconsideración con 94 votos a favor, 25 en contra y 5 en abstención, en una nueva sesión plenaria, con lo cual volverán a votar este martes si aprueban el adelanto de elecciones. En ese caso, necesitará el apoyo mayoritario absoluto de 87 votos que exige la ley.
Los organismos del sistema electoral peruano reiteraron este martes que la fecha más próxima para que se cumpla con un nuevo proceso electoral presidencial y legislativo es diciembre de 2023.
El presidente de la comisión de Constitución, el fujimorista Hernando Guerra García, declaró a favor de que los parlamentarios deberían "salir a diciembre de 2023", en referencia al proyecto que plantea un nuevo proceso general en diciembre del próximo año.
Sin embargo, añadió que "hay diferentes posiciones" y, en todo caso, el Congreso tiene que "darle calma" a la población y "demostrar una discusión democrática", en la que se planteen las opciones disponibles, dado que el Ejecutivo planteó originalmente comicios en abril de 2024 para que se incluyan reformas al sistema electoral.
Por su parte, el legislador José Jerí, del partido centroderechista Somos Perú, expresó que, en este pleno, "sí o sí" deben votar "cualquier fórmula, pero tiene que ser hoy y mandar un mensaje de tranquilidad a la población", al cabo de una semana de violentas manifestaciones que han dejado más de una veintena de fallecidos a nivel nacional.
"No nos vayamos (hoy) hasta votar la primera votación del adelanto de elecciones", remarcó Jerí.
El viernes pasado, el pleno del Congreso rechazó un proyecto de adelanto de elecciones generales en el país para diciembre de 2023, al no recibir el apoyo mayoritario absoluto de 87 votos que exige la ley.
Al tratarse de una reforma constitucional, la norma requería de esos 87 votos para ser sometido a una segunda votación en la siguiente legislatura o de 66 para ser llevado a un referéndum.
La ley planteaba recortar el mandato de la presidenta Dina Boluarte y los congresistas, cuyo periodo debe concluir, en principio, en julio de 2026, e incorporaba varios proyectos presentados para el adelanto de elecciones, según señaló Guerra en el pleno anterior.
En sus disposiciones transitorias especiales establecía que "la presidenta en funciones", en referencia a Boluarte, "convoca a elecciones generales en diciembre 2023 y concluye su mandato el 30 de abril de 2024".
Añadía que los actuales congresistas también concluirían sus funciones el 28 de abril de 2024.
Tras anunciarse la votación, legisladores izquierdistas protestaron en el medio del hemiciclo para exigir que se incluya la consulta sobre una eventual convocatoria a una asamblea constituyente en el país, tal como han planteado en un dictamen en minoría que aún se debe informar si será votado por el pleno.
Boluarte planteó el miércoles que las elecciones generales se celebren en diciembre de 2023, cuatro meses antes de una propuesta inicial que hizo en medio de la grave crisis política y social que afecta a su país, que han dejado hasta el momento 26 muertos.
La jefa de Estado, que asumió el cargo el pasado 7 de diciembre en reemplazo de Pedro Castillo, sostuvo que el suyo es "un Gobierno de transición" y que tomó la decisión de no terminar su mandato al interpretar "de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía".
Boluarte asumió su cargo en reemplazo de Castillo, quien fue destituido por el Congreso luego de que el entonces mandatario dictara la disolución del Parlamento, anunciara la conformación de un Ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto, convocar a una asamblea constituyente y a reorganizar el sistema de justicia.