Boric no descarta cierre de Punta Peuco: "Es un caso muy sensible"
El Mandatario puntualizó que no anunciaría la medida por la prensa, sino que la ciudadanía "se enterará en ese momento".
El controvertido penal volvió a ser tema el mes pasado, cuando un medio publicó equivocadamente que la Subsecretaría de Justicia había instruido su clausura.
El cierre de Punta Peuco ha sido una demanda reiterada de la izquierda a lo largo de los años y al final del Gobierno de Bachelet II estuvo a punto de concretarse.
El Presidente Gabriel Boric no descartó avanzar en un eventual cierre del controvertido penal de Punta Peuco, donde cumplen condenas uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos.
En entrevista anoche con Meganoticias, sostuvo que "el caso de Punta Peuco es un caso muy sensible y son cosas que no se anuncian, sino que se hacen".
"No lo descarto, pero no lo voy a anunciar por la prensa antes", dijo al ser consultado sobre una posible clausura del recinto: "Es algo que se tiene que sencillamente realizar, y si es que sucede, se enterarán en ese momento", afirmó.
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El cierre volvió a ser tema el último mes, luego de que el medio Ex-Ante publicó -equivocadamente- que el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo (PC), supuestamente había instruido en octubre pasado al director de Gendarmería, Sebastián Urra, que realizara los preparativos para avanzar con ese fin, en el marco de la agenda del Gobierno por los 50 años desde el golpe de Estado que se cumplirán el 11 de septiembre próximo.
"No hay ninguna instrucción formal o informal", desmintió Gajardo inmediatamente esa vez, apuntando en ese entonces que "tenemos una situación cada día más compleja de (alta) población en nuestros centros penitenciarios; por lo mismo, estamos evaluando ampliaciones y mejoras en nuestros servicios penitenciarios a lo largo de todo el país".
Punta Peuco se construyó bajo el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) para el cumplimiento de penas de uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos. Su cierre ha sido una demanda reiterada de la izquierda a lo largo de los años y al final del Gobierno de Bachelet II estuvo a punto de concretarse, pero el ministro Jaime Campos rehusó firmar el decreto requerido.