Exdirector de Gendarmería: Punta Peuco ya es más un geriátrico que una cárcel de privilegios

El exdirector nacional de Gendarmería Tulio Arce planteó que pesa un "estigma" sobre el controvertido penal de Punta Peuco, donde cumplen condenas uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos, pero desestimó que sea hoy una cárcel de privilegios.

El debate sobre el recinto, en la palestra a propósito de que este 2023 se cumplen 50 años desde el golpe de Estado, volvió a reabrise luego de que el Presidente Gabriel Boric dijo el lunes que no descarta su cierre.

Arce, quien también se desempeñó como alcaide de la instalación tiltilana, sostuvo que los reos, devenidos en adultos mayores enfermos, viven ajustados al régimen común que aplica la institución penitenciaria.

Fue nombrado en ese cargo en 2004 y, por orden del entonces Presidente Ricardo Lagos, se hizo cargo de la transición que obligaba la salida del Ejército de la gestión, pues los militares eran los encargados de la custodia directa de los internos y Gendarmería se limitaba a hacer las guardias perimetrales.

"El trato directo con la población penal lo tenía directamente el Ejército. Eso se transformó en algo que les garantizaba estar en condiciones especiales. En el interior del penal tenían teléfonos, alimentación que les suministraba el propio Ejército y otras garantías que están alejadas del reglamento penitenciario. Pero con la llegada del Presidente Lagos, se determina que Gendarmería se haga cargo completamente de Punta Peuco (...) Ahí la orden fue quitarles cualquier garantía especial y desde ese momento se aplicó el régimen penitenciario que hay en todos los penales", recordó en La Tercera.

Por ello, "considero que no hay privilegios", opinó.

"La libertad es un derecho fundamental del ser humano, y ellos lo perdieron igual que otros", insistió, asegurando que "el hecho de tener mejores dependencias, mejores condiciones de habitabilidad, coincide con el tipo de personas que lo habitan".

"Si en Colina II o en la expenitenciaría yo les doy mejores condiciones, en un acto de ir en contra del sistema o por soberbia, lo destruirían. En Punta Peuco no destruyen lo que se les instala, porque en el fondo la cultura de estas personas es distinta a la del delincuente habitual, que por lo general tiende a destruir las instalaciones que les entrega el Estado. En ese sentido, sí estaban en mejores condiciones, pero como la población penal fue aumentando, también se fueron hacinando", reflexionó.

"NO PODEMOS DARNOS EL LUJO DE CERRAR NINGUNA CÁRCEL"

Rememoró que durante su época al mando de Gendarmería, entre 2015 y 2016, la entonces ministra de Justicia, Javiera Blanco, la pltentó la posibilidad de clausurar el penal, "también por el estigma de que es una cárcel de torturadores".

Pero, subrayó, la institución "no puede darse el lujo de cerrar ninguna cárcel, dado que cada plaza disponible es necesaria: en ese momento nosotros emitimos un informe en ese sentido, pero planteamos que si querían sacarle el estigma, se podía habilitar como una cárcel para otros fines; incluso se habló de crear un centro de educación y trabajo para internas, y ahí fue cuando se habilitó el módulo Asistir en Colina I, para trasladarlos a todos, pero como aumentaron los procesos, no se pudo mover a todos".

Además, "hoy no podríamos encontrar un espacio que pudiera albergar una población de estas características, que es sensible por el tipo de delitos que cometieron y Gendarmería tiene que resguardar sus vidas", comentó.

Asimismo, "la mayoría de estas personas superan los 80 años de edad", por lo que "hoy Punta Peuco se ha transformado en un geriátrico más que en una cárcel de privilegios: muchos de los internos tienen enfermedades crónicas y necesitan un cuidado especial, y entre que estén hospitalizados a que estén en una cárcel con ciertas condiciones, es mejor que estén en la cárcel".

"Claro que no se puede descartar la posibilidad (del cierre), pero en la medida que también respetemos las condiciones dignas de cualquier interno. Si les podemos dar condiciones dignas en otra parte, por supuesto, pero hoy no se puede", concluyó.

Punta Peuco se construyó bajo el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) para el cumplimiento de penas de uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos. Su cierre ha sido una demanda reiterada de la izquierda a lo largo de los años y al final del Gobierno de Bachelet II estuvo a punto de concretarse, pero el ministro Jaime Campos rehusó firmar el decreto requerido.