Ordenan incautar millonario vale vista con que el municipio de Santiago quería comprar la clínica Sierra Bella
Juzgado acogió una solicitud de la Fiscalía en el marco de la investigación por presunto fraude al Fisco.
El embargo del documento, equivalente a 2.465 millones de pesos, es "idóneo y necesario" para evitar su aprovechamiento, según el tribunal.
El 2 de febrero, la Contraloría envió un oficio a la municipalidad instruyéndole suspender la compra de la clínica, por haber una investigación en curso por un eventual pago de sobreprecio.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago autorizó la incautación de un vale vista destinado a la frustrada compra de la exclínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, encabezada por la alcaldesa Irací Hassler (Partido Comunista); transacción que se encuentra suspendida por un eventual sobrecosto.
Esto, tras una solicitud de la Fiscalía Centro Norte en el marco de la investigación por presunto fraude al Fisco.
El vale vista tenía un valor de 2.465.862.002 pesos.
En este contexto, la jueza Michelle Ibacache definió que el embargo era algo "idóneo y necesario con el objeto de evitar el uso, aprovechamiento, beneficio o destino del vale vista".
La medida fue requerida a la Fiscalía por el abogado querellante, Sergio Rodríguez Oro, quien representa a los diputados Juan Irarrázaval y Johannes Kaiser, ambos del Partido Republicano.
El jurista valoró la incautación del documento que el municipio de Santiago había emitido a nombre de los vendedores del recinto clínico, cuya ejecución fue encargada a la Policía de Investigaciones (PDI), con supervisión del Ministerio Público.
"Independiente de la discusión (sobre) si el fraude al Fisco, el delito, está consumado, en lo que no hay discusión es que, al evitar que la sociedad vendedora retirase el vale vista y lo cobrase en el banco, se evita el agotamiento del delito de fraude del Fisco. Por lo tanto, desde ese punto de vista, se logra el objetivo uno que ellos tenían, que era precaver ese daño. En segundo lugar, se incauta un antecedente probatorio útil para la investigación", destacó Rodríguez Oro.
Tras la incautación, la municipalidad afirmó que puso todos los antecedentes del caso en manos de la Fiscalía.
Asimismo, la alcaldía sostuvo que la medida tomada por el juzgado confirma que no existe ningún gasto de recursos municipales.
El 2 de febrero pasado, la Contraloría envió un oficio a la municipalidad instruyéndole suspender la compra de la clínica, por haber una investigación en curso por un eventual pago de sobreprecio.