Dirigente mapuche: "El Gobierno se entregó a las políticas de impunidad de la derecha y los latifundios"
El líder de la Organización Ayun Mapu criticó la última renovación del estado de excepción, que contiene una flexibilización de la herramienta constitucional.
"Debería haber una solución política, como se ha reiterado en cientos y hasta en miles de ocasiones", señaló.
Iván Reyes Alcaman, líder de la organización mapuche de Ayun Mapu, fustigó contra el Gobierno por la última renovación del estado de excepción en el sur, que contó con una serie de modificaciones del Ejecutivo para "flexibilizar" la herramienta constitucional y modificar las estrategias frente al cambio en la modalidad de la ejecución de los hechos violentos en la zona.
"En vez de avanzar en la solución de las demandas de las comunidades, lo que estamos viendo cada día es que se instala la capacidad de represión a las comunidades y eso nos hace recordar que el golpe de Estado, si bien es cierto fue hace 50 años, cada día los militares toman más posesión del conflicto que existe acá, siendo que aquí debería haber una solución política, como se ha reiterado en cientos y hasta en miles de ocasiones", dijo el dirigente indígena.
"Lamentamos la actitud del Gobierno en entregarse a las políticas de impunidad que tiene la derecha y los latifundios al no devolver las tierras usurpadas a las comunidades", agregó.
DECRETO YA NO ES "ACOTADO"
El Congreso ratificó ayer una nueva prórroga en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, de la Región del Biobío.
Específicamente, el Ejecutivo eliminó las menciones referentes a buscar las seguridad en rutas y la vida de las personas, para hacer referencia que los jefes de la defensa nacional contarán con las facultades para determinar estas acciones.
"La verdad es que no estaba acotado; tenía interpretaciones dado que se señalaba que se iban a proteger las rutas, las rutas secundarias y también la vida de las personas, entonces, eso hacía que muchas veces se restringiera la interpretación del decreto a la hora de aplicar", explicó hoy José Montalva, delegado presidencial en La Araucanía.
"Esas descripciones del trabajo que debe hacer el Ejército ya no existen en este decreto y solamente se ajusta a la normativa constitucional que está vigente, por ende, no va a haber posibilidad de esta interpretación restrictiva", añadió el funcionario.
"Creemos que va en la línea correcta", destacó René Muñoz, presidente del gremio de los contratistas forestales.
"Hoy día está abierto a todo el territorio y esperamos que esto haga que se avance en el control, en la identificación y en la detención de los terroristas y delincuentes", acotó el líder sindical.
Roberto Heise, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, dijo que "toda medida de seguridad que contribuya a mejorar la situación en la región es buena, pero -criticó- siempre va a ser tardía, urgente e insuficiente hasta que no haya una víctima más, y se repare todo el daño que se le ha hecho a la región".
"El estado de excepción no acotado lo venimos solicitando hace un año. El Gobierno ha usado de mala forma una herramienta constitucional. La lentitud con la que actúa el Gobierno es de la máxima gravedad. Al no hacer todo lo posible, lo hace cómplice, y esta lentitud no se explica sino con alguna empatía que sienta por estos grupos guerrilleros", cuestionó.
TEMOR POR QUEMA DE ESCUELAS RURALES
Una de las zonas más afectadas es la Provincia de Malleco, con foco principalmente en las comunas de Collipulli, Victoria, Ercilla y Lumaco, donde se registra constantes ataques incendiarios y robo de madera.
Dentro de las situaciones más graves, en el último tiempo se ha sucedido la quema de escuelas rurales, donde estudian más de 80 mil niños en la Macrozona Sur. En La Araucanía han sido quemados 14 establecimientos durante el último lustro, mayoritariamente en zonas mapuche.
"Hoy tenemos un temor respecto de lo que está ocurriendo, particularmente con nuestras escuelas. Llevamos casi el 50% de nuestras escuelas rurales absolutamente quemadas, escuelas insertas en comunidades mapuche", expresó el alcalde de Victoria, Javier Jaramillo (PPD).
"Y han sido las mimas comunidades las que nos han pedido que exista mayor presencia policial o militar que pueda resguardar los recintos educacionales", relevó.
Por ello, pidió que, "tal como se cuida un predio forestal, tengamos las mismas capacidades para proteger establecimientos educacionales".