Consejo Constitucional: Republicanos analizan enmienda para achicar el Congreso

El trabajo del Consejo Constitucional avanza y, como un intento de dar una señal política de "austeridad" y de que el "Estado no seguirá creciendo", la bancada del Partido Republicano, mayoría en el órgano que redacta la nueva Carta Fundamental, evalúa una fórmula para achicar el Congreso Nacional, disminuyendo los actuales 155 escaños de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El tema no está zanjado, pero el constituyente Antonio Barchiesi dijo que lo están discutiendo para tomar las definiciones.

"El país espera señales de austeridad del mundo de la política, en distintos ámbitos del mundo público. Respecto del tamaño del Congreso, tenemos una oportunidad de discutirlo, una oportunidad de revisarlo. No tenemos una posición resuelta como bancada republicana, pero indudablemente que es un tema que ha estado en la discusión no solo en esta semana dentro de la bancada, sino que ha sido una discusión pública en los últimos años en nuestro país", dijo el republicano.

Barchiesi arguyó que la ley que en 2015 eliminó el sistema electoral binominal creado por la dictadura de Augusto Pinochet y lo sustituyó por uno proporcional .-y aumentó los escaños de 120 a 155- "no resolvió los problemas que buscaba resolver" y "vino a crear otros problemas".

Su par Patricia Spoerer sostuvo que "el testimonio de los expertos que han expuesto en la Comisión de Sistema Político ha coincidido únicamente en que la medida más eficaz para alcanzar la estabilidad del sistema político es disminuir los incentivos para la creación de partidos políticos"; y que uno de ellos, "y más eficaz, sería disminuir el número de parlamentarios, lo que obligaría a un redistritaje, en el sentido de disminuir el número de escaños que eligen para cada uno de los distritos".

EL REDISTRITAJE SIN REBAJAR ESCAÑOS QUE NO PROSPERÓ EN LA COMISIÓN EXPERTA

Durante el debate de la Comisión Experta, que finalizó el mes pasado con la entrega del anteproyecto sobre el que trabaja el Consejo, también se intentó una modificación al sistema electoral, pero no prosperó: en específico, los comisionados de Chile Vamos propusieron realizar un redistritaje para disminuir el número máximo de diputados que escogen, pero -a diferencia de Republicanos- sin tener que reducir la cantidad de escaños de la Cámara Baja.

El comisionado UDI Hernán Larraín explicó que es "partidario más bien de que hubiera distritos más pequeños, con menos cantidad de diputados en ellos, de manera de poder tener diputados cercanos a la gente".

"Yo creo que se ha producido un distanciamiento precisamente porque los diputados hoy están a cargo de distritos muy grandes. Yo creo que un redistritaje con distritos más pequeños y menos cantidad de diputados por cada uno, ayudaría enormemente a que la gente sintiera la cercanía, y por lo tanto la posibilidad de una mayor participación y representación de los parlamentarios de sus problemas", expuso.

OFICIALISMO: DESCONFIANZA CIUDADANA "NO SE RESUELVE REDUCIENDO EL PARLAMENTO"

A los consejeros oficialistas, por su parte, no les gusta la idea de Republicanos, y advierten que puede afectar la representatividad de las distintas ideas políticas. Afirman también que existen otros mecanismos para dar gobernabilidad, y recordaron asimismo cuando la fallida Convención Constitucional intentó eliminar el Senado, por lo que hablan de "líneas rojas" que no debieran cruzarse.

"Esta desconfianza tan profunda que existe desde nuestra ciudadanía hacia la institucionalidad en general no se resuelve reduciendo el número de parlamentarios. "Creo que nosotros tenemos que avanzar hacia un sistema que, independientemente del número, asegure una adecuada responsabilidad de los parlamentarios respecto al mandato que reciben de los ciudadanos", comentó el consejero Yerko Ljubetic (Convergencia Social).

Su par Julio Ñanco (Revolución Democrática) opinó que "lo que podría ocurrir es que se afecte también el pluralismo político, y entiendo que tenemos un aprendizaje del proceso anterior cuando la Convención intentó afectar el Senado y también eso yo creo que no tuvo acogida en la ciudadanía. En lo personal, yo creo que sí es una línea roja que tenemos que conversar también con nuestra bancada".

HASTA EL VIERNES SE PUEDE FIRMAR INICIATIVAS POPULARES DE NORMA

En paralelo, ya son siete las iniciativas populares de normas que han logrado reunir las 10.000 firmas necesarias para ser discutidas en el Consejo Constitucional.

A las cinco que lo habían conseguido hasta ayer: "Con mi plata no"; "Chile por los Animales"; "Respeto por las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno", "Una policía que nos proteja" y "Por un Estado sin pitutos"; se sumaron esta jornada una sobre el "Derecho preferente de los padres a educar a sus hijos" y "Es mi plata y punto", que propone constitucionalizar el retiro anual del 10% de los fondos previsionales.

Hasta este viernes 7 de julio, los ciudadanos podrán votar digitalmente las 10 propuestas que más les atraigan en el portal quieroparticipar.cl de la Secretaría de Participación Ciudadana, con la Clave Única.

El presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech) y rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, invitó a la ciudadanía a votar por la iniciativa "Educación Pública para Chile", que está en el ranking de las más respaldadas con 5.000 firmas.

"La evaluación que nosotros hicimos del texto presentado por los expertos es que en él no quedaba suficientemente claro el deber del Estado de proveer de un sistema de educación público gratuito, de calidad y laico en todos los niveles formativos y educativos y, por lo tanto, lo que hemos presentado es un texto alternativo donde se enfatiza precisamente ese deber del Estado de proveer de un sistema de educación pública en todas las regiones del país y en todos los niveles formativos, además, por supuesto, también de financiar ese sistema de educación pública", explicó el académico.

Otro mecanismo de participación ciudadana abierto a la ciudadanía son las audiencias públicas que comenzaron el viernes, a través de las cuales agrupaciones de la sociedad civil o personas individuales podrán presentar sus puntos de vista sobre el anteproyecto frente a los consejeros constituyentes.