Tohá amenazó con veto presidencial por ley de usurpaciones: "Eso nos lleva a un Estado salvaje"
"La persona tiene derecho a exigirle al Estado que la proteja, pero no tiene derecho a emplear directamente a la violencia", afirmó la ministra del Interior.
La autoridad adelantó que "hay muchas herramientas" para que esta iniciativa no se concrete, aunque espera que esto se logre en la votación del Congreso.
Las declaraciones de la líder de Interior marcan claras diferencias con la defensa del diputado Andrés Jouannet (Amarillos por Chile) a este proyecto.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó este viernes nuevamente el polémico proyecto de ley que busca regular los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, abriendo por primera vez la opción de presentar un veto presidencial a la iniciativa y asegurando que como Gobierno "no firmarán una ley que permite la autotutela".
"La persona tiene derecho a exigirle al Estado que la proteja, pero no tiene derecho a emplear directamente a la violencia para reivindicar las cosas que le robaron o los bienes que le usurparon, porque eso nos lleva a un estado salvaje, nos lleva a un estado en que cada uno con mano propia se defiende", advirtió la secretaria de Estado.
La autoridad aseguró que como Ejecutivo harán "todo lo que nos permite la Constitución para impedir estas otras normas que son inaceptables. Lo primero es tratar de que no se aprueben en la votación, después están las posibilidades del Tribunal Constitucional y las posibilidades de veto. Hay muchas herramientas que tenemos".
"Lo que yo puedo afirmar es que nuestro Gobierno no va a firmar una ley que permita la autotutela, eso no va a pasar", cerró Tohá.
Las declaraciones de la ministra marcan una clara distancia que tienen con parlamentarios que apoyan este proyecto, entre ellos el diputado Andrés Jouannet (Amarillos por Chile), quien hoy defendió el proyecto y aseguró que con ella los enfrentamientos no serán entre civiles, sino entre "civiles y delincuentes, porque quien usurpa o se toman algo que no es propio van a ser delincuentes".
La iniciativa, que combina la legítima defensa con la flagrancia permanente, ha sido fuertemente criticada por el oficialismo, que acusa que con esto se permitiría la autotutela, es decir, las personas dueñas o que se sientan dueñas de un predio tomado puedan -por la fuerza y en forma armada- tratar de recuperarlo.