Ministerio de Justicia solicitó disolver la fundación Democracia Viva
La petición fue dirigida al CDE por graves infracciones a las normas estatutarias y al ordenamiento jurídico que regula a este tipo de entidades.
El ministro Luis Cordero explicó que la determinación se da por "una serie de incumplimientos" respecto a su objeto social y "al fin al cual está destinada".
La resolución de la cartera de da luego de que concluyera un procedimiento de fiscalización iniciado el pasado 22 de junio.
La Subsecretaría de Justicia resolvió solicitar al Consejo de Defensa del Estado (CDE) requerir ante tribunales la disolución de la fundación Democracia Viva, previo procedimiento iniciado por el Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia, por graves infracciones a las normas estatutarias y al ordenamiento. jurídico que regula a estas entidades.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, comentó que el organismo en cuestión "tiene una serie de incumplimientos en relación a su objeto social pero, en segundo lugar, al fin al cual está destinada: en otros términos, es una entidad sin fines de lucro que ha obtenido o realizado actividades con otro fin".
Lo anterior "tiene que ver con la forma y modo en que se gestionaban los recursos al interior de ella. Pero sobre todo, desnaturaliza el objeto para el cual fueron constituidas entidades sin fines de lucro", anotó.
"La forma en que ha sido planteada y el modo en que han sido establecidos los incumplimientos, a juicio del Ministerio de justicia, son lo suficientemente graves" para solicitar la disolución junto con la devolución de los 391 millones de pesos que recibió por los convenios -ya liquidados- con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, explicó el secretario de Estado.
De acuerdo a una nota de prensa de la cartera, la resolución fue adoptada por la mencionada Subsecretaría tras un procedimiento de fiscalización que inició el pasado 22 de junio, luego de conocerse las denuncias de eventuales irregularidades en la celebración de los convenios entre Democracia Viva y la Seremi.
En dicho proceso se recopilaron antecedentes del Registro Civil e Identificación, la Municipalidad de Ñuñoa y la propia entidad.
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informamos lo siguiente sobre el Caso Convenios y fundación Democracia Viva.
— Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjuDDHH) September 13, 2023
Revisa el comunicado completo aquí 👉🏻 https://t.co/EX7H2EFurR pic.twitter.com/Fg0DHJAjfy
Entre las conclusiones que arrojó la fiscalización está la resolución de la solicitud ante el CDE "por sentencia judicial", conforme a un artículo del Código Civil, en razón de que "se detectaron diversas faltas de carácter estatutario y legal cometidas por el directorio de la fundación, lo que hace necesario poner término a sus actividades y disolver su personalidad jurídica".
Entre ellas está el incumplimiento de sus estatutos, pues "su objeto y patrimonio social, desnaturaliza los fines propios de la fundación, persiguiendo otros distintos a los consagrados en su objeto y a los propios de las entidades sin fines de lucro", dice el Ministerio.
La conclusión de la disolución se da, además de los "numerosos incumplimientos" estatutarios detectados, "por la imposibilidad de desarrollar" el propósito por el que fue creada Democracia Vida, "lo que hace inviable su existencia en la vida del derecho, ya que sus infracciones son de tal magnitud que no es posible corregirlas y su objeto adolece de reparos que no es factible modificarlo sin que la entidad devenga en otra totalmente distinta".
REACCIONES DEL CONGRESO
"Me parece bien que se llegue hasta las últimas consecuencias, no solamente persiguiendo los recursos para que los restituyan, sino que también disolviendo por la vía de una sentencia judicial a esta fundación, para que no pueda seguir operando y no pueda seguir cometiendo este tipo de hechos a futuro", dijo el diputado Raúl Soto (PPD).
En tanto, el diputado Juan Carlos Beltrán (Renovación Nacional) señaló que, "independiente de la disolución, lo más importante es que los responsables devuelvan los recursos de todos los chilenos y que, a su vez, respondan ante los tribunales de justicia".