Abogado de Jackson por demanda a diputados UDI: Hicieron imputaciones penales gravísimas

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Cooperativa.cl

Miguel Schurmann descartó en Cooperativa que la carta firmada por esa bancada se limite a una "crítica política" hacia el exministro.

Hizo ver que, en los nueve meses posteriores a vincularlo con el caso convenios y con el robo en Desarrollo Social, "no aportaron ningún antecedente".

 ATON (archivo)

"Hay una diferencia sideral entre plantear una duda, que es completamente legítimo, y hacer imputaciones penales gravísimas", subrayó el jurista.

El abogado de Giorgio Jackson, Miguel Schurmann, negó que la carta enviada al Presidente Boric por los 23 diputados de la UDI consista en una "crítica política" hacia el exministro, sino que más bien contiene "imputaciones gravísimas", las que sustentan su demanda civil por difamación en contra de esa bancada.

Recordando que el extitular de Desarrollo Social "está disponible para aceptar disculpas públicas genuinas y desistirse de la demanda en contra de cualquiera de los diputados que las realice", el jurista aclaró en El Diario de Cooperativa que se le dará esa connotación a tales disculpas "en la medida que subjetivamente sean calificadas como tal por quien las recibe".

"Él señala que sean genuinas, porque básicamente está tratando de poner un estándar razonable, porque me ha tocado ver que hay gente que pide disculpas, y al día siguiente sigue señalando algo parecido a lo que ya han hecho algunos diputados UDI: 'No fue la forma, mantenemos el fondo, la carta podría estar mejor escrita' no es una disculpa, es simplemente el reconocimiento de que tienen un problema, tratando de quitarle relevancia", aseguró.

Para Schurmann, en la misiva "no sólo lo vinculan con el caso fundaciones, sino que le imputan haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas, y en segundo lugar, estar directamente involucrado en el robo de los computadores. Ambas afirmaciones son absolutamente falsas: han pasado ya nueve meses desde que fueron hechas, no aportaron ningún antecedente para afirmar algo como esto".

En contraste, "si uno revisa las declaraciones de la época, es muy notorio que hay gente que reaccionaba diciendo: 'Es sospechoso, hay que investigarlo', afirmaciones que están dentro de la libertad de expresión. Incluso podían decir 'se está investigando el caso fundaciones, había convenios cuestionados en su minuto del Ministerio', pero eso es muy distinto; está en las antípodas de decir que el ministro a cargo de la cartera en aquella época está directamente involucrado en el robo".

El abogado remarcó que la figura de la difamación "reconoce el conflicto y demuestra los límites, y en este caso, los límites fueron completamente rebasados", ya que incluso -a su juicio- en las entrevistas realizadas a dirigentes gremialistas "los periodistas que leyeron la carta fueron muy duros, señalando 'ustedes están imputando delitos', y ellos decían 'no, estamos haciendo una crítica política'".

"Por supuesto que cualquier persona que sabe leer se da cuenta de que hay una diferencia sideral entre plantear una duda, que es completamente legítimo, y hacer imputaciones penales gravísimas como las que están en la carta, que eso no es legítimo", remató el representante de Jackson.