Informe en que participó Van Rysselberghe permite excarcelar a condenado por matanza en 1973
El sargento (r) de Carabineros, José Otarola, fue declarado como enajenado mental.
Dicho informe es motivo suficiente para que la condena por los múltiples asesinatos en Laja-San Rosendo la cumpla en su domicilio.
JVR fue contratada por trato directo en el Servicio Médico Legal de Concepción.
Duros cuestionamientos surgen contra el Servicio Médico Legal luega de que emitiera un informe que incluye una pericia psiquiátrica a un condenado por violación de derechos humanos en que participó Jacqueline van Rysselberghe, expresidenta y exsenadora de la UDI, y que estableció la enajenación mental de un ex carabinero, lo que permite su salida de la cárcel.
Se trata del sargento (r) José Otárola, condenado a 15 años de cárcel por su participación directa en uno de los episodios más crueles de la dictadura en el Biobío: La matanza de Laja-San Rosendo, ocurrido en septiembre de 1973 y en el que 19 extrabajadores de EFE y agricultores fueron ejecutados por la policía una vez concretado el golpe de Estado.
Patricio Robles, abogado de DDHH querellante en la causa, recalcó que una vez se contrató a Jacqueline van Rysselberghe, desde el SML, por escrito, "se nos garantizó que ella no iba a estar a cargo de pericias respecto de personas condenadas por violaciones a los derechos humanos. Eso no se cumplió. Tomamos conocimiento de un peritaje suscrito del 24 de mayo. A nosotros el Servicio Médico Legal nos dio la respuesta el día 16. El ministro lo tuvo por recibido".
Sobre a la figura de la exparlamentaria, planteó que "ha manifestado que incluso los procesos de violaciones a los derechos humanos constituyen un ensañamiento judicial en contra de los condenados, entonces que ella tenga un grado de participación realizando una pericia demuestra falta de ética".
Las conclusiones de ese informe son el aval para solicitar la excarcelación del excarabinero, quien cumplía condena en la cárcel El Manzano de Concepción.
Por lo anterior, afirmó, "presentamos un escrito cuestionando la validez del peritaje".
Hans Laurie, abogado del sargento (r) Otárola, dijo que "discrepamos del cuestionamiento que se hace, que tiene más bien un orden político, subjetivo del mismo. Es un informe evacuado por el Servicio Médico Legal, que es el organismo competente para este tipo de pericias, ordenada por el ministro instructor de esta causa y el resultado y conclusiones son coherentes con otros informes médicos y fichas clínicas que están en el proceso que dan cuenta efectivamente que mi representado se encuentra en un estado de enajenación mental".
INDH acusa parcialidad
Carolina Chang, directora regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el Biobío, señaló que "hoy día se les hace una pericia por parte de una persona que ha expresado y no solo representa un sector político que está muy de acuerdo con la situación o que estuvo muy de acuerdo con lo ocurrido del 73 al 90, por ende, es poco probable que ella sea capaz de tener una imparcialidad en estos hechos".
"Creo que por un tema de ética profesional y pensando en el referente ético que nos plantean los derechos humanos ella debiese abstenerse de hacer pericias respecto a situaciones donde su color político pudiese afectar dicha pericia", añadió.
Pese a los intentos, no fue posible obtener una versión de la exsenadora, quien hoy ejerce como médico psiquiatra del Servicio Médico Legal en Concepción, organismo que tampoco se ha pronunciado al respecto.