Revuelta en la CAS: Gendarmería se querelló por Ley de Seguridad del Estado

Invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado, Gendarmería se querelló este jueves en contra de 18 internos venezolanos, implicados en lo que califican como un "desorden generalizado" dentro del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (también conocido como Cárcel de Alta Seguridad o CAS), con agresiones y destrozos que se prolongaron por más de dos semanas.

La acción judicial, ingresada por la dirección regional de la institución ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, apunta a Francisco Rasiel; Nestor Mojica; Hernán Landaeta; José Candurín; Bryan Sánchez; Leonardo Vásquez; David Fuentes; Edwars Nava; Ovicmarlixon Garcés; Angelo Cerdeño; Wilken Rondón; Javier González; Luis Dafa; Danyerson Cipriano; Wuilberth Olivares; Jorkenidy Torres; Lermi Albarran y Carlos González, pero también a "todos quienes resulten responsables", consigna La Tercera.

Los vinculados con la revuelta ocurrida este mes están en prisión preventiva por delitos graves, como trata de personas; homicidio de funcionario de Carabineros; secuestro; homicidios; tráfico de drogas, entre otros ilícitos relacionados con el crimen organizado. De hecho, tienen lazos con bandas como Los Gallegos y otras células del Tren de Aragua.

La querella establece que dichos reclusos generaron graves enfrentamientos con los gendarmes del recinto, al tiempo que destruyeron parte de la infraestructura de las celdas, daños que han sido avaluados en más de 197 millones de pesos.

"Estos hechos son atribuibles a todas aquellas personas que han realizado, incitado, promovido y fomentado directamente al resto de la población penal a impedir el uso y acceso a los bienes de uso público, y en particular al orden al interior de la unidad penal", señala el texto.

AGRESIONES Y AMENAZA DE MUERTE

El primero de estos incidentes ocurrió la noche del 6 de junio tras un corte de luz, cuando tres imputados insultaron y amenazaron a los gendarmes que los custodiaban, agresiones verbales que -según el texto- se repitieron al día siguiente.

En la misma jornada del 7 de junio, las cámaras de seguridad captaron a los implicados desarmando una mesa de ping pong, con el fin de fabricar elementos contundentes que posteriormente usaron en contra de los funcionarios. Los sujetos además cerraron las puertas de acceso al patio, impidiendo la intervención de los vigilantes.

Finalmente, 12 funcionarios resultaron lesionados tras ese ataque, durante el cual el personal debió intervenir usando gas lacrimógeno e incluso una escopeta en contra de los reos.

Por otro lado, la acción judicial da cuenta de que el 18 de junio, el interno Carlos González -alias "Estrella" del Tren de Aragua- amenazó de muerte a un vigilante, señalando que lo mataría con un cuchillo que tiene en su celda y que lo colgarían en el patio.

"IMPONER SU ILEGÍTIMA AUTORIDAD"

En resumen, la querella sostiene que los perjuicios en la cárcel incluyen la destrucción de infraestructura, mobiliario fiscal, amenazas a los funcionarios, daños a la red de agua potable y a las cámaras de seguridad.

El documento plantea que estos 18 reclusos son responsables de acciones que han causado "grave conmoción pública, toda vez que afectan el normal funcionamiento de las actividades penitenciarias", al tiempo que recalca que son "internos considerados de alta peligrosidad, vinculados a delitos graves y bandas transnacionales".

Considerando lo anterior, Gendarmería estima que el objetivo de la revuelta fue "imponer su ilegítima autoridad al interior del establecimiento penitenciario de Alta Seguridad, desconociendo la autoridad y dirección que el personal de Gendarmería ostenta sobre los centros penitenciarios del país".

Al cierre, la institución emplaza al Ejecutivo, al afirmar que "el Gobierno no puede dejar de utilizar las herramientas que le provee el ordenamiento jurídico para cumplir con el mandato legal de resguardar el orden y la seguridad pública".