Cordero y nueva cárcel: Es comprensible la reacción de Hassler, pero debemos proveer de infraestructura

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- Periodista Digital:
Fernanda Cornejo A.

El titular de Justicia señaló que si no se construyen nuevos recintos penitenciarios, "el sistema de justicia no puede cumplir su propósito. Eso es esencialmente".

Y enfatizó que "no hay que perder de perspectiva el interés general, porque de lo contrario, sería imposible construir ningún establecimiento penal en ninguna parte".

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"Si hay alguien que quiere mirar esto en perspectiva coyuntural, está comprometiendo el desarrollo del cumplimiento del sistema de justicia para la próxima década", subrayó.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió al rechazo de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), a la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en la comuna, y dijo que la "obligación" del Gobierno es proveer de infraestructura para que el sistema judicial pueda "cumplir su propósito".

La semana pasada, a raíz de una decena de homicidios registrados en la Región Metropolitana, el Presidente Gabriel Boric anunció la construcción de un nuevo penal de máxima seguridad, sin embargo, no se precisó la ubicación. Sin embargo, luego trascendió que podría ser emplazada en Tiltil o Santiago, lo que generó el rechazo de los alcaldes oficialistas de ambas comunas

En conversación con El Diario de Cooperativa, el titular de Justicia expresó que "es evidente que los alcaldes defienden los intereses locales, si en eso no cabe ninguna duda, y a mí me parece que la reacción de la alcaldesa Hassler, como de cualquier alcalde respecto a este caso, es completamente comprensible", pero remarcó que "la obligación que nosotros tenemos como Ministerio de Justicia es proveer de una infraestructura para el país respecto a este tipo de instituciones".

"De lo contrario -continuó-, el sistema de justicia no puede cumplir su propósito. Eso es esencialmente".

"¿Cuál es la forma razonable de poder llegar a un acuerdo en torno a medidas de mitigación y compensación? Es otro tipo de aspecto, pero yo creo que no hay que perder de perspectiva de lo que estamos hablando y del interés general que está detrás de eso, porque de lo contrario, para nosotros sería imposible construir ningún establecimiento penal en ninguna parte. Es más, sería imposible ampliar cualquier establecimiento penal en ninguna parte", subrayó Cordero.

Además, recordó que el sector donde se buscaría construir el nuevo penal en Santiago "es una zona que tiene establecimientos penitenciarios desde el año 1844", que es cuando se construyó la Penitenciaría, mientras que el 1994 se construyó el establecimiento de alta seguridad y el 2006 se inauguró el Centro de Justicia de Santiago y, al mismo tiempo, se habilitó el establecimiento de Santiago I.

Por lo que indicó que "lo que está detrás de esto no es simplemente la construcción de un establecimiento, es el desarrollo del sistema de máxima seguridad". 

"DECIRLE QUE NO A ESTE PROYECTO, ES DECIRLE NO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY"

En esta línea, cuestionó que una cantidad importante de nuevos establecimientos penales en Chile no se han podido construir por la "oposición de las comunidades locales o derechamente porque los municipios, una vez que el Estado adquirió los terrenos, modificó los planos reguladores para que no se construyeran".

"Si nosotros hubiésemos podido desarrollar una cantidad importante de los proyectos de infraestructura penitenciaria que quisieron desarrollarse desde 2010 en adelante, sin esas oposiciones, probablemente no tendríamos la estrechez que tenemos hoy día", lamentó. No obstante, destacó que el año pasado el Congreso aprobó la ley que permite descongelar planos reguladores para ampliar y modificar establecimientos penales. 

El jurista reflexionó que "no hay administración del Ministerio de Justicia que no hubiese padecido la falta de plazas penitenciarias", por lo que "este es el tipo de decisiones que uno mira en el largo plazo. Si uno lo mira contingentemente, sería imposible desarrollar ninguno de estos tipos de proyectos", remarcando que "esto es un problema de política pública general y de largo plazo para el país".

Finalmente, sostuvo que "decirle que no a un proyecto de estas características es decirle que no a una gestión que es central para el cumplimiento de la ley", enfatizando que "cuando hay cooperación, las decisiones se pueden implementar, aunque sean complejas, con cierta facilidad, y yo sigo siendo un convencido de la inteligencia colectiva".

"Si hay alguien que quiere mirar esto en perspectiva coyuntural, lo que está haciendo es comprometiendo el desarrollo del cumplimiento del sistema de justicia para la próxima década. De eso estamos hablando", cerró.