Nueva cárcel en Santiago dio primer paso administrativo, pese a resistencia política
El Minvu aprobó el oficio que le permite al Ministerio de Justicia usar facultades especiales para acelerar la construcción, que será en el barrio judicial del centro capitalino.
Tras las críticas de la alcaldesa Hassler (PC) el Gobierno descartó improvisación, asegurando que el proyecto lo trabaja hace un año y "todas las alternativas" fueron evaluadas.
El proyecto para la construcción de la nueva cárcel de "alta y máxima seguridad" en la Región Metropolitana, que será una extensión del penal Santiago I, dio este jueves su primer paso administrativo, pese a la resistencia política de la alcaldesa Irací Hassler (PC), que ha conseguido incluso apoyo de un grupo transversal de diputados.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo aprobó el oficio del Ministerio de Justicia de Derechos Humanos, por lo que éste podrá hacer uso de las facultades especiales que le otorga la ley 21.636 -que el Congreso aprobó con unanimidad el año pasado-, para modificar el plan regulador de la comuna para la construcción, alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios.
Hassler ha manifestado su rotundo rechazo a la nueva cárcel argumentando que este tipo de recintos deben ubicarse fuera de los radios urbanos, y alegando las externalidades negativas que ya vive el centro de la ciudad por el núcleo judicial y penitenciario emplazado en el sector de Rondizzoni.
La alcaldesa acusó ayer, en Cooperativa, una supuesta "improvisación" del Gobierno por haber hablado primero de una nueva cárcel, pero luego de una ampliación de Santiago I.
A una semana de su anuncio, y sin mencionar directamente a Hassler, el Presidente Gabriel Boric defendió hoy la estrategia del Ejecutivo en la agenda de seguridad: "Son hechos concretos, no declaraciones grandilocuentes. Acá no hay atajos, no hay improvisación... al menos yo no tengo tiempo para peleas políticas en materia de seguridad porque no nos conducen a nada".
A su vez, la ministra vocera, Camila Vallejo (PC), puntualizó que el Ejecutivo ha trabajado el plan desde hace un año.
"Nosotros vamos a insistir en lo que ha dicho el Presidente y que ha sido muy claro y enfático. La propuesta de nueva cárcel no ha sido improvisada, ha sido trabajada desde hace al menos un año por parte de nuestras autoridades, particularmente el Ministerio de Justicia. Construir una cárcel no es cualquier cosa, requiere estudio, análisis técnico, análisis comparado, obviamente en función de las condiciones que existen en Chile para poder construir una cárcel rápidamente y no tener que esperar 10, 15 o 20 años para tener una cárcel de alta y máxima seguridad, porque nuestro país está enfrentando ahora el crimen organizado", se explayó.
El proyecto penitenciario, de todos modos, aún debe sortear el Congreso, puesto que el Mandatario -dijo la semana pasada- enviará una ley para "exceptuar esta construcción de varios trámites y permisos que usualmente demoran su ejecución".
TOHÁ DEFIENDE QUE SANTIAGO ES EL LUGAR "MÁS CONVENIENTE" PARA NUEVA CÁRCEL
En este marco, en la víspera Hassler consiguió algunos apoyos en la Cámara de Diputadas y Diputados, e incluso la mesa directiva oficiará a La Moneda para solicitar una reevaluación del lugar donde levantar el nuevo penal.
La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD), remarcó que "se han pensado todas las alternativas, y ésta es la más conveniente".
"Del punto de vista de la seguridad, del punto de vista de los tiempos de construcción, del punto de vista del impacto en el entorno, no hay ninguna razón que el Ministerio pueda tener para elegir un proyecto respecto de otro que no sea maximizar el objetivo de seguridad y de minimizar el impacto. Ese barrio lo conozco muy bien, fui alcaldesa de Santiago, tiene penales que se han ido construyendo desde el año 1800 y tanto. Ese problema (de las externalidades negativas ya) existe hoy día, no va a aparecer por la (nueva) cárcel de alta seguridad", expuso.
La jefa de gabinete, que apuntó asimismo que las medidas de mitigación nunca han consistentes en el tiempo, comprometió la instalación permanente de dispositivos policiales para resguardar el sector.
El Gobierno evaluó un terreno en San Bernardo, pero quedó descartado desde el inicio. También consideró utilizar un predio de Gendarmería en la comuna de Tiltil, a un costado de Punta Peuco, pero fue desestimado por el problema de acceso al agua potable y la sequía; de hecho, el referido recinto actualmente es abastecido por camiones aljibes.
EL APOYO PARLAMENTARIO DISTRITAL A HASSLER
El reclamo de la alcaldesa Hassler ha conseguido respaldo de un grupo transversal de diputados, desde Republicanos al Partido Comunista, principalmente representantes del distrito 10, que incluye a la comuna de Santiago, y del 13, que integra Pedro Aguirre Cerda, cuyo alcalde Luis Astudillo también rechaza ola ubicación de la cárcel.
La diputada Alejandra Placencia (PC), del distrito 10, pidió "buscar un espacio constructivo entre todos aquellos que puedan tener un rol en esta discusión: municipio, Ministerio de Justicia, Gendarmería, junto con la comunidad organizada para ver de qué modo esto se resuelve; yo creo que todavía tenemos tiempo y creo que el tiempo hay que aprovecharlo".
Por contraparte, el diputado Leonardo Soto (PS) analizó que "es un sector interesado porque, evidentemente, están defendiendo los intereses de sus vecinos de Santiago, pero -puntualizó- no son, de lejos, la mayoría del Congreso o del Gobierno", relevando que "el Gobierno está empeñado en sacar adelante esta necesidad de tener una cárcel de máxima seguridad, y eso creo que no se va a modificar".
En la derecha, se sumó a los cuestionamientos el exministro Mario Desbordes (RN), candidato de la oposición en Santiago, quien deslizó su visión de que esta discusión podría ser un "tongo" de La Moneda para favorecer pública y políticamente a Hassler con miras a la contienda de octubre.
NO ES POSTURA INSTITUCIONAL, SINO TERRITORIAL, DICE EL PC
En el Partido Comunista plantean que la postura de Hassler no representa una postura institucional de la tienda, sino más bien apunta a defender a los vecinos de Santiago.
Anoche, en La Moneda, el timonel Lautaro Carmona se limitó a decir que la queja de la alcaldesa es representativa del municipio y los habitantes de la comuna capital.
Inquirido nuevamente este jueves, respondió: "Pregúntenle a ella, no creo que sea lo más recomendable que yo sea el comentarista de opiniones".
No obstante, remarcó que la nueva cárcel es "una gran medida el Gobierno, gran noticia", mientras que, respecto "al debate sobre dónde se hace, la alcaldesa está representando la opinión de una comunidad, ella es alcaldesa no del Partido Comunista, sino de la comuna de Santiago".
"No conozco que haya una corriente opinión en Santiago que esté juntando firmas para pedir que por favor dejen la cárcel en Santiago. Yo creo que el diálogo, el intercambio, las formulaciones en los planos que corresponden, van a saber encontrar síntesis", concluyó el otrora diputado.