Senado vota la acusación constitucional contra Sergio Muñoz

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- Periodista Radio: Jorge Espinoza Cuellar
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Basta con que se apruebe uno de sus dos capítulos para que sea destituido como ministro de la Suprema.

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En la víspera, el magistrado descartó "categóricamente" los cargos que Chile Vamos le atribuye.

La Sala del Senado vota este miércoles la acusación constitucional de Chile Vamos en contra de Sergio Muñoz, ministro de la Corte Suprema enjuiciado por notable abandono de deberes, vinculado con la supuesta revelación de información privilegiada a su hija, la jueza de garantía Graciel Muñoz.

Por orden alfabético, las y los senadores argumentarán su voto por cada uno de los dos capítulos, y basta con que al menos uno se apruebe -con un mínimo de 25 apoyos- para que el magistrado sea destituido de su cargo.

Hasta el momento, se aprecia que el oficialismo está rechazando los capítulos de la acusación y la oposición, aprobando, al menos el capítulo uno.

El senador independiente Karim Bianchi sumó a la derecha y votó a favor de los dos capítulos acusatorios. A raíz del voto de Bianchi, si es que todos los senadores de Chile Vamos votan de manera alineada el libelo, se proyecta la destitución del ministro Muñoz.

En tanto, el senador Francisco Chahuán (RN), quien en 2020 se inhabilitó para votar la acusación contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, en el denominado "caso Ámbar", debido a que su esposa es jueza de Familia en Viña de Mar; hoy votó a favor del primer capítulo del libelo contra Muñoz.

En la víspera, Muñoz compareció personalmente ante la Cámara Alta para descartar los cargos que se le atribuyen: "Niego total y absolutamente, de la forma más categórica, haber dado noticia a mi hija del acuerdo alcanzado por la Tercera Sala de la Corte Suprema, el 19 de octubre de 2022, respecto del acuerdo y de los recursos en el proceso 1.085 de ese año. No existe prueba del hecho afirmado por la acusación. Es una deducción de los acusadores".

"Incluso, la declaración jurada ante notario de la empleada de la inmobiliaria (Fundamenta), que sostiene toda la acusación, no afirma haber escuchado de mí, o de mi hija, que le señalé el acuerdo", enfatizó el ministro.

En cuanto a su decisión de acudir en persona durante la revisión del libelo, el magistrado explicó que "lo hago no solamente para el hecho de defender la inamovilidad de este juez, sino que también que para defender mi honra, que pretende ser mancillada, y que en realidad, ningún hecho inefectivo podrá afectar".

"Pero también concurro -continuó Muñoz- para el efecto de que, en realidad, lo que puede ocurrir es que se afecte con este caso la independencia del Poder Judicial y de los jueces a futuro".

Intenso debate en la Cámara Alta

En la instancia, el senador Pedro Araya (PPD) argumentó que "si este Senado llegara a aceptar o a formarse convicción sobre un reproche constitucional que trae aparejado como consecuencia que una persona es removida de un cargo público que ostenta legítimamente, y adicionalmente queda inhabilitado para el ejercicio de cualquier función pública por cinco años, teniendo como único fundamento la existencia de una duda razonable, o de serias dudas por parte de los acusadores, será el momento en que la razón ilustrada cedió ante las conjeturas, perjuicios o subjetividad".

"En que el derecho dio paso a la barbarie y la ignominia, en que la verdad quedó oscurecida por la mentira, y la Justicia se rindió ante la venganza", agregó el legislador.

Por su parte, la senadora Isabel Allende (PS) manifestó que "espero que la trayectoria del juez Muñoz, en materia de protección de derechos humanos, protección a los afiliados de las isapres, que se les subía sus planes por género o edad. A la proyección del medioambiente, especialmente la zona de Quintero-Puchuncaví, no sea motivo que algunos tengan en consideración para acusarlo".

Desde la oposición, la senadora Luz Ebensperger (UDI) señaló que "es fundamental entender que los testigos de oídas han sido utilizados válidamente en este proceso, y sus declaraciones han sido admitidas dentro del marco legal. Votar a favor de esta acusación es nuestro deber como defensores y parte fundamentales del Estado de derecho. Aquí no hay una vendetta ni juzgamiento a criterios jurídicos".

Asimismo, el senador Sergio Gahona (UDI) cuestionó que "en una reciente entrevista, el juez muñoz sugiere que este juicio se trataría de una discrepancia política e ideológica de sus fallos. Con esas palabras, el señor Muñoz no sólo desliza una inaceptable amenaza sobre este Senado, ya que no puede otro Poder del Estado juzgar los fallos del máximo tribunal".

"El ministro Sergio Muñoz no está siendo juzgado acá por sus fallos, está siendo juzgado por haberlos fallado", complementó.

Senador Espinoza convocó a reunión de comités

La sesión en Sala del Senado fue suspendida momentáneamente debido a que el senador Fidel Espinoza (PS) convocó a una reunión de comités. Espinoza solicitó un pronunciamiento de la Secretaría General de la Cámara Alta respecto del permiso constitucional presentado ayer por la senadora Paulina Núñez (RN) para abandonar el país, que fue autorizado inmediatamente por la Sala.

"Existe jurisprudencia acá en la Senado y en la Cámara, que el permiso constitucional sólo opera cuando el parlamentario sale del país por un plazo superior a los 30 días. En el caso de la senadora, estaría en una situación totalmente distinta, estaríamos hablando de un aviso que no surte el efecto de suspender al parlamentario de su rol", sostuvo el senador Espinoza.

"Entonces yo creo que hay que tener un pronunciamiento serio, porque eso podría ser determinante en esta acusación", agregó.

El presidente del Senado, José García Ruminot (RN), explicó que "nosotros recibimos la solicitud de permiso constitucional, y la Sala lo aprueba, que fue lo que ocurrió ayer. Yo tengo entendido que ella ya está fuera de Chile".

El permiso solicitado por la senadora Núñez tiene fecha de inicio el 14 de octubre y se extiende hasta el 25 del mismo mes, por lo que no completará un mes fuera del país, lo que justificaría la petición para bajar el quorum constitucional de aprobación del libelo.