En tercer trámite constitucional, tras modificaciones en el Senado, la Cámara de Diputados aprobó este lunes el proyecto -impulsado por el Gobierno- que regula el teletrabajo y el trabajo a distancia, alternativa que se están tomando en algunas empresas debido a la crisis por la pandemia del coronavirus. De esta forma, quedó listo, a falta de su promulgación, para convertirse en ley.
En una serie de votaciones en el hemiciclo, los diputados dieron el visto bueno a la iniciativa que crea un nuevo capítulo en el Código del Trabajo sobre el "Teletrabajo y trabajo a distancia", en el que se establece que el trabajador y su empleador podrán pactar, al inicio o durante la vigencia de la relación laboral, en el contrato de trabajo o en documento anexo al mismo, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo.
En ella se define que el trabajo a distancia aquel "en el que el trabajador presta sus servicios, total o parcialmente, desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos a los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa", mientras que el teletrabajo "se entiende como los servicios prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios".
Durante su tramitación en el Senado se modificó y disminuyó el tiempo para ejercer el "derecho a retracto", que aplica cuando el trabajo a distancia o teletrabajo es acordada con posterioridad al inicio de la relación laboral: en ese caso, cualquiera de las partes podrá, unilateralmente, volver a las condiciones originalmente pactadas en el contrato de trabajo, previo aviso por escrito, con anticipación, a la otra.
El proyecto también establece el derecho a la desconexión de los empleados por al menos 12 horas continuas en un plazo de 24 horas.
Se deben mantener todos los derechos laborales
La iniciativa permite que el trabajo se realice fuera de las instalaciones de la empresa, ya sea en el domicilio del trabajador o en otro lugar determinado por ambas partes, y asegura a todos los empleados sus derechos individuales y colectivos, además que optar por esta modalidad no podrá implicar un menoscabo a los derechos que le reconoce el Código del Trabajo, especialmente en su remuneración.
Asimismo, se estipula que el trabajador no podrá ser obligado a utilizar elementos de su propiedad para la realización de este trabajo a distancia. Por el contrario, todos los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos serán siempre de cargo del empleador.
A su vez, en su tramitación en el Senado también se estableció que, así como representantes de las mutualidades deben solicitar la autorización del empleador para fiscalizar el lugar del teletrabajo, por recomendación de la Organizaciones Internacional del Trabajo, se estableció que el empleador siempre requerirá la autorización del trabajador o de un tercero para esta visita.
Respecto al proyecto original, también se agregó un artículo transitorio que fija que la ley entrará en vigencia el primer día del mes siguiente a su publicación en el Diario Oficial, atendiendo a la contingencia por la crisis sanitaria del coronavirus que mantiene a Chile bajo estado de catástrofe.
El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, indicó que "todos los costos que irrogue el teletrabajo van a tener que ser pagados por el empleador, por ejemplo, el costo del internet".
"Y en segundo lugar, el proyecto también deja meridianamente establecido que en caso de un accidente del trabajo o enfermedad profesional que se origine a causa o con ocasión del trabajo, ese trabajador va a tener derecho a ser atendido por la mutualidad respectiva y, además, el empleador va a tener que velar, con el apoyo de la mutualidad que corresponda, que en el lugar de trabajo se den las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que correspondan", detalló.
Proyecto de votación telemática y prórroga de permiso de circulación, al Senado
En la sesión especial de Sala de la Cámara Baja también fue aprobado el proyecto que faculta a los concejos municipales para prorrogar la obtención o renovación del permiso de circulación vehicular. Ahora pasará el Senado, en su tercer trámite constitucional, y hay gestiones en el Congreso para que continúe siendo discutido esta misma semana y pueda ser despachado.
El diputado Víctor Torres (DC), autor de la iniciativa, explicó que con este proyecto "cada comuna va a poder tener la posibilidad, según su propia realidad, de asumir esto. Entendemos que hay alcaldes que están a favor de la medida, otros que tienen algunas reticencias, pero por lo mismo le entregamos esta facultad a ellos para que puedan determinar".
Sin embargo, en el Gobierno toman distancia de la iniciativa y el titular de Sepgres, Felipe Ward, sostuvo que "estamos hablando de un proceso que le queda una semana para terminar. ¿Qué le vamos a decir a todas las personas que ya pagaron su permiso de circulación? Muchas municipalidades viven en gran parte de la recaudación de estos recursos y nos parece que, a estas alturas, no corresponde tener este debate".
En respuesta, el presidente de la comisión de transportes y vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, el concejal por Lo Espejo Carlos Soto, dijo que "la razón es absolutamente sanitaria, no tiene nada que ver con el tema de lo económico, pero el problema es que el Gobierno no está las dos últimas semanas en los diferentes municipios del país, entonces, no sabe de las aglomeraciones".
"Además, estamos solicitando que las licencias de conducir que empiezan a vencer ahora, para no tener las aglomeraciones que tenemos todos los días en la Dirección de Tránsito, tengan una duración hasta fin de año", explicó.
También fue visado por los diputados el proyecto voto telemático para que los legisladores puedan sesionar a distancia y así dar continuidad al trabajo del Congreso. Sin embargo, volverá al Senado, para un tercer trámite constitucional, debido al que proyecto establecía esa posibilidad en circunstancia de cuarentenas, situación que aún no ha sido ordenada por el Gobierno, y la Cámara Baja se agregó el escenario de un estado de catástrofe, que sí rige en el país.