Plantea una tasa de 2,25% sobre los ingresos locales de las plataformas que no alcancen, proactivamente, acuerdos comerciales con los medios.
El plan responde a la creciente distribución de noticias vía redes sociales y motores de búsqueda que no compensan adecuadamente a sus creadores.
El Gobierno australiano anunció este martes un plan para obligar a gigantes tecnológicos como Google, Meta o TikTok a pagar por contenidos informativos mediante un gravamen del 2,25 por ciento sobre sus ingresos locales, si no alcanzan acuerdos con los medios de comunicación.
La medida -anunciada por el Ejecutivo de Anthony Albanese- forma parte del borrador legislativo del denominado "Incentivo de Negociación con los Medios de Noticias", abierto a consulta pública hasta el 18 de mayo, y busca reemplazar el actual sistema de negociación con plataformas digitales, considerado insuficiente.
Según el esquema propuesto, las grandes plataformas podrán evitar el impuesto si firman acuerdos comerciales con las empresas editoras de noticias, con incentivos adicionales para pactos con los medios más pequeños.
El Gobierno espera que el modelo genere hasta 250 millones de dólares australianos (160 mil millones de pesos chilenos) anuales para el sector periodístico.
El plan responde a la creciente distribución de noticias a través de redes sociales y motores de búsqueda, donde -según el Ejecutivo- las plataformas se benefician del contenido periodístico sin compensar adecuadamente a sus creadores.
"Es justo que las grandes plataformas digitales contribuyan al trabajo del periodismo", dijo la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, en una rueda de prensa.
El nuevo modelo se aplicaría a empresas con ingresos anuales superiores a 250 millones de dólares australianos y una amplia base de usuarios en el país, lo que actualmente incluye a las principales tecnológicas globales.
En caso de que las plataformas opten por no firmar acuerdos, los fondos recaudados mediante el gravamen serían redistribuidos entre los medios, en función de criterios como el empleo de periodistas.
El Gobierno sostiene que esta iniciativa es clave para garantizar la viabilidad del periodismo y preservar un ecosistema informativo diverso, considerado esencial para el funcionamiento democrático del país.
