El Ejecutivo publicó en un medio un extracto del fallo de la Corte IDH favorable a la magistrada.
Ahora resta un acto público que se acordará entre las partes.
El Gobierno comenzó con las medidas reparatorias en el caso de la jueza Karen Atala, según las disposiciones del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), esto luego que la justicia chilena le quitara la tuición de sus hijas por su condición de lesbiana.
La primera de estas medidas compensatorias se concretó este lunes: la publicación en un diario de circulación nacional -El Mercurio- un extracto del dictamen emitido el 24 de febrero de este año a favor de Atala.
Entre las obligaciones del Gobierno que contempla la sentencia de la CIDH se encuentra también "realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso", ceremonia que debe realizarse a más tardar el próximo 24 de febrero.
Estas y otras acciones de reparación "ya se están trabajando con los abogados de la familia de la jueza Atala", puntualizó el vocero de Gobierno, Andrés Chadwick.
Chadwick sostuvo que "el fallo establece que este acto de reparación pública tiene que hacerse de común acuerdo con la persona agraviada, en este caso la jueza Atala" , y que las conversaciones apuntan a "poder convenir el acto reparatorio público, que haríamos en una fecha hacia fines de año" .
Y añadió que las conversaciones apuntan a "determinar las formas y circunstancias del acto, quiénes van a participar y en qué fecha lo vamos a hacer".
Ministro Ribera: No hay obligación de acordar acto con jueza AtalaEn cuanto al acto, el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, sostuvo que "no hay obligación del Estado de Chile de llegar a acuerdo con la jueza Atala".
"Lo que debe procurarse es tratar de realizar el acto en términos tales que se resguarde la finalidad del mismo, que es un acto público, y donde por tanto el Estado reconoce su responsabilidad", añadió el ministro en La Segunda.
Las conversaciones, según trascendió, las lleva a cabo la subsecretaria de Justicia, Patricia Pérez, con los representantes legales de Atala, entre los que figuran los abogados Iván Harasic y Jorge Contesse.
Sin embargo, dado que el dictamen no especifica al detalle las circunstancias y características de la ceremonia, ello ha abierto un debate interno y una negociación entre las partes.
