Portavoz afirmó que las dos acusaciones en su contra siguen bajo investigación.
Subrayó que se ha demostrado que participó en el crimen por el que fue condenada a morir lapidada.
El portavoz del Ministerio iraní de Asuntos Exteriores, Ramin Mehmanparast, aseguró que aún no hay una sentencia en firme contra Sakineh Mohamamdi Ashtiani, la mujer acusada de adulterio y complicidad en el asesinato de su marido, aunque subrayó que ya se ha demostrado que participó en el crimen.
Las palabras de Mehmanparast contradicen una declaración hecha por el fiscal general del Estado y portavoz del Poder Judicial, Gholam Husein Mohseni Ejei, quien aseveró que Ashtiani había sido ya condenada a muerte por el segundo de los dos delitos y por ello sería enviada a la horca.
"De acuerdo con la decisión del tribunal, ha sido acusada de asesinato y la pena por este delito tiene preeminencia sobre el otro de adulterio", dijo Ejei, en declaraciones divulgadas por la agencia de noticias local Mehr.
Si así fuera, significaría que Ashtianí sería castigada con la horca y no a morir lapidada, ya que la Jurisprudencia iraní contempla la soga como pena para los asesinos.
Sin embargo, Mehmanparast afirmó que "los dos casos siguen bajo revisión y el veredicto se pronunciará cuando concluya la investigación".
"Ya se ha probado que participó en el asesinato de su marido pero la sentencia definitiva será anunciada al final del proceso judicial", precisó Mehmanparast..
El nuevo cruce de declaraciones contradictorias se antoja como una nueva muestra de las divisiones que se adivinan en el seno del régimen iraní, donde el Ejecutivo ha tenido en las últimas semanas diversos roces y disparidad de criterios tanto con el Parlamento como con el Poder Judicial.
Ashtiani, de 43 años, fue arrestada en principio por adulterio y al parecer juzgada por ello, y su abogado, Mohamad Mostafei, declaró que la mujer había sido condenada por este delito y que sería por ello lapidada.
La posible pena despertó una oleada de duras críticas y protestas internacionales a Irán, lo que obligó al régimen a suspender la sentencia e indicar que se encontraba bajo revisión.
