El ministerio de Salud emitió en 2009 un instructivo que obliga a resguardar la confidencialidad médico-paciente, lo cual impide a los profesionales denunciar los casos de abortos.
Este documento adquiere interés tras conocerse el caso de una adolescente que el pasado lunes fue internada en el Hospital Luis Tisné y que fue denunciada por el médico que la atendió de haberse realizado un aborto usando el medicamento Misotrol.
En el texto enviado por el Minsal a los directores de servicios de salud se especifica que "aún cuando el aborto es una conducta ilegal y constitutiva un tipo penal en la legislación chilena, no corresponde extraer confesiones a las mujeres que requieran atención médica como resultado de un aborto".
"Sobre todo cuando dicha confesión se solicita como condición para la prestación de salud requerida, pues ello vulnera la norma contenida en el artículo 15 ya citado en la Convención contra la Tortura, así como el derecho esencial a la protección de la salud", añade el documento.
El ordinario asegura que "la atención médica debe ser incondicional y cualquier confesión obtenida en el contexto descrito, es completamente ilegal".
"En consecuencia y pese al tipo penal que describe como ilícito al aborto, los médicos y personal de la salud no deben extraer confesiones sobre dicha conducta a las mujeres que requieran atención médica como resultado de dicho ilícito, cuando con ello se vulnera el secreto profesional derivado de la relación de confidencialidad médico-paciente", dice el documento.
Manifestación en el Minsal
"Aborto legal, seguro y gratuito ahora". Así rezaba el lienzo con el que cerca de 50 mujeres integrantes de movimientos feministas, defensores de los derechos de las mujeres y pro aborto protestaron afuera del ministerio de Salud.
Las manifestantes entregaron una carta en la que emplazan a la ministra Helia Molina a pronunciarse por el caso de la menor, ya que acusan que no se respetó el ordinario emitido por el ministerio.
La menor salió del riesgo vital, se encuentra estable y será citada a declarar ante el Ministerio Público.
Matronas: "Este ya no es un tema valórico"
Al año fallecen entre cinco y seis mujeres por maniobras abortivas inseguras, según explicó la presidenta nacional del Colegio de Matronas, Anita Román, quien llamó al Gobierno a acelerar los procesos para legislar sobre este tema.
"Este ya no es un tema valórico, es un tema sanitario, es un tema que debemos abordarlo y que debiera haber una ley que proteja a las mujeres que, de todas maneras, han decidido interrumpir un embarazo sin que ellas arriesguen su vida", comentó.
Román expresó que "una cosa es lo que yo piense, una cosa es lo valórico y otra cosa es la realidad de la causa".
En Chile, una mujer que aborta es castigada con presidio menor en su grado máximo, entre tres y cinco años de cárcel.
El abogado experto en temas de familia del estudio AEM, Alejandro Krauss, indicó que "es difusa la opinión de si podría contemplarse un caso de aborto dentro de nuestra legislación o no, pero creo que el grave problema es que como no está regulado de ninguna manera, suceden estas situaciones que la gente trata de solucionar las cosas por sus propios medios".
Este el instructivo del Minsal que fue emitido en 2009.