En los primeros meses de la pandemia, 545 quedaron en prisión preventiva y 12 en internación provisoria, según la Fiscalía.
El criterio del Ministerio Público es pasar a control de detención sólo a aquellos infractores que tengan conductas reiterativas.
El 94 por ciento de los formalizados quedó sujeto a alguna medida cautelar.
Entre marzo y mayo, los primeros meses de la pandemia de coronavirus en Chile, 5.829 imputados fueron formalizados por delitos contra la salud pública, de los cuales el 94 por ciento quedó sujeto a alguna medida cautelar, según datos entregados por el Ministerio Público.
Específicamente, 2.232 quedaron con arresto domiciliario total o parcial, 1.738 con arraigo territorial, 545 en prisión preventiva y 12 en internación provisoria.
Para estos casos, la Fiscalía Nacional fijó un criterio: pasan a control de detención aquellos infractores que tengan conductas reiterativas.
"El criterio fijado por el fiscal nacional (Jorge Abbott) ha sido que pasemos a control de detención a aquellas personas que son reiteradas en su conducta, son reiterativas en cometer esta infracción", detalló el fiscal metropolitano oriente, Manuel Guerra.
El persecutor indicó que aquellos que cometen la infracción "por primera vez, es conducido a la comisaría y luego queda apercibido. Nosotros, en ese sentido, vamos examinando caso a caso, tomamos en consideración el horario de la detención y las circunstancias en que esta se produce".
"Por ejemplo, si una persona que viene de su trabajo y llega a las 22:05 horas a las inmediaciones de su hogar y está a pocas cuadras y da cuenta de que viene trabajando, nosotros no lo vamos a perseguir por este delito", aclaró Guerra.
El Artículo 318 del Código Penal, que hace referencia a quien pone en peligro la salud pública, establece una pena de 61 a 540 días de presidio o una multa de 6 a 20 UTM (entre 300 mil a tres millones de pesos).
En el Congreso se discute un proyecto de ley que eleva las sanciones, que aumenta a tres años de presidio efectivo y eleva las multas a un rango de entre 6 y 200 UTM (entre 300 mil y 10 millones de pesos), y en caso de que de compruebe dolo, las penas pueden llegar hasta los cinco años de cárcel y las multas a un máximo de 250 UTM (12,5 millones de pesos).
La iniciativa fue aprobada este martes por la Sala del Senado y es discutida durante la presente jornada en la Cámara Baja, donde diputado Gabriel Boric (CS) consideró que la norma criminaliza a la población más pobre.
"Resulta un error que la solución al incumplimiento de las cuarentenas sea la criminalización de la pobreza y la necesidad, porque si bien hay ciertas conductas que deben ser reguladas con mucha severidad, como la obligación de algunos empleadores inescrupulosos a sus trabajadores a concurrir a sus trabajos o fiestas clandestinas, cremo que tal como está presentado el proyecto hoy puede terminar en una mayor criminalización de quienes no tienen las condiciones materiales para poder cumplir con las cuarentenas", advirtió.
