La Clínica Las Condes (CLC) acusó que su delicada crisis financiera, que inició en 2019, ha empeorado en los últimos años a causa que el Estado "no haya pagado suma de dinero alguna" por la atención de pacientes Covid-19 durante la pandemia que azota al país.
Esta disputa viene desde enero de este año, cuando el centro asistencial anunció acciones legales contra el Fisco por atenciones de pacientes Fonasa no pagadas durante la crisis sanitaria, situación que no ha cambiado hasta la fecha.
Pese a que no ha entregado detalles sobre la futura demanda de indemnización de perjuicios que presentará, CLC dio luces de su molestia en una carta que le envió a la ex jefa administrativa de la Dirección Académica del recinto, Mariela Ríos Obligado, quien acusa despido injustificado y cobro de prestaciones.
Según dio a conocer La Tercera, el documento detalló que "la atención de pacientes relacionados con la pandemia derivados a través de la de la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) del Ministerio de Salud, como asimismo aquellos que espontáneamente consultaron el servicio de urgencia en atención a la pandemia, sin que hasta la fecha el fisco haya pagado suma de dinero alguna por tales atenciones, provocando con ello que empeorara la grave crisis financiera de la Clínica Las Condes presentada durante los años 2019 y 2020".
En la misiva también se indicó que la clínica ha presentado problemas por las demás restricciones sanitarias impuestas por el Minsal, entre las que destacan el cierre de pabellones quirúrgicos.
Además, se dio cuenta que el centro asistencial, en un plan de ajuste interno, puso en marcha un Plan de Retiro Voluntario, que generó una baja de 307 puestos de trabajo. Mientras que en un segundo paso, terminaron el contrato de otros 86 funcionarios.
Otros problemas
Además, del conflicto con el Fisco, la Clínica Las Condes ha tenido que enfrentar una serie de demandas, despidos, y renuncias de sus funcionarios, además que en tres ocasiones ha presentado acciones penales en contra de terceros.
Una de estas querellas fue contra un ex gerente general de la empresa por multimillonarios perjuicios financieros en el marco de la pandemia del Covid-19.
La firma de salud interpuso una acción penal contra el ingeniero comercial Fredy Jacial -quien fuera hombre de confianza de su presidente, Alejandro Gil- por el delito de "administración desleal", acusándole por un daño de casi 8.600 millones de pesos al capital social de la compañía durante el ejercicio de sus funciones.