Francisco Barbosa negó que haya actuado de manera inapropiada al ir a la isla caribeña de San Andrés mientras cumplía con sus funciones oficiales.
El país sudamericano permanece en un aislamiento preventivo que declaró el presidente Iván Duque a finales de marzo para frenar el brote del Covid-19.
El fiscal colombiano, Francisco Barbosa, confirmó que su hija y una amiga de ella lo acompañaron en un viaje de trabajo a una isla caribeña, lo que desató una polémica porque se le acusó de aprovechar la situación para irse de paseo pese a las restricciones turísticas por la pandemia de Covid-19.
"No hubo ningún tipo de infracción por parte mía. En este caso, vuelvo y lo digo, no solamente soy fiscal, soy ser humano y padre de familia. Mi chiquita, que tiene una edad en la cual también me necesita, va a estar acompañándome en muchas de las actividades que tengo", dijo Barbosa en una rueda de prensa.
La polémica se desató el 29 de junio cuando Noticias Uno denunció que el fiscal utilizó el viaje institucional para hacer turismo en la isla San Andrés y que incluso se hospedó en un lujoso hotel de propiedad de un empresario cercano al gobierno y conocido en el país por financiar campañas políticas.
Los viajes por turismo están restringidos en Colombia desde hace más de tres meses por la pandemia del coronavirus, que deja hasta el momento 109.505 contagios en el país, solo 28 de ellos confirmados en San Andrés.
El representante Mauricio Toro, del partido Alianza Verde, radicó una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, "la cual es la juez natural del fiscal", para que revise las actuaciones de Barbosa.
El objetivo, detalló, es que "se investigue penal o disciplinariamente estas conductas, si están involucrados recursos públicos y la razón por la cual personas civiles, que no tienen funciones públicas, están viajando en un avión de la Policía".
También que se averigüe "si se violó o no alguna de las normas que actualmente están vigentes de limitación de turismo a la isla de San Andrés, viajes que no son necesarios para el ejercicio de funciones públicas".
"Esperamos que la Comisión cuanto antes realice las indagaciones necesarias y se determine si hubo o no una conducta de tipo penal o disciplinaria del fiscal Barbosa", añadió Toro, que hace parte del grupo de congresistas que deberá investigar al funcionario.
Ante la denuncia de Toro, Barbosa manifestó que es "respetuoso de las instituciones" y acudirá a la Comisión ante las denuncias que le formulen "no solamente en este caso sino en muchos otros".
"El fiscal general no está por encima de ninguna ley, el fiscal general se somete a la constitución y la ley, como siempre lo ha hecho y como siempre lo va a hacer. Yo soy el primero que acata las instituciones de este país, mi juez natural es la Comisión de Acusaciones", expresó.
Asimismo defendió el viaje asegurando que "nadie puede impedir ni legal ni constitucionalmente ni penalmente ni disciplinariamente que me suba en un avión con mi hija".
"Esto lo han hecho todos los funcionarios y hay antecedentes muy importantes en este país sobre estos asuntos. Casos relativos, por ejemplo, a funcionarios que han tenido cargos de ministros, de presidentes, que van con su familia más cercana (...) y lo acompañan a esas actuaciones oficiales", argumentó.
Finalmente, el fiscal manifestó que jamás, durante su administración, "se usará un bien público si no es para uso oficial" y dijo que no dejará de lado su rol de padre y "de ser humano frente a esta situación".
Como resultado del viaje, el fiscal anunció en la rueda de prensa que citará a imputación al gobernador de San Andrés y Providencia, Everth Hawkins, por presuntas irregularidades en la contratación para atender la emergencia por la pandemia de Covid-19.
Según explicó, conoció de primera mano el pasado fin de semana los pormenores de una investigación que establece que el gobernador "sin justificación alguna" acudió a la declaratoria de la emergencia manifiesta para evadir al proceso de selección de oferentes y contratar directamente.
El contrato al que se refiere es a uno para diseñar, diagramar e imprimir material publicitario con mensajes de mitigación de la pandemia.
"Se estableció que la empresa Noel Fotos SAS, luego de suscribir el contrato por 500 millones de pesos (unos 137.000 dólares) el 18 de marzo, pasó cuentas de cobro por cantidades mayores de materiales y valores superiores a los del promedio del mercado, por cuantía de 86 millones de pesos (unos 23.000 dólares). Dicha suma fue pagada por el departamento", detalló la Fiscalía en un comunicado.
El organismo "solicitará la imposición de medida de aseguramiento de detención privativa de la libertad en el lugar de domicilio".
