Pronunciamiento respalda la postura del Gobierno ante las reiteradas solicitudes de los jefes comunales.
Parlamentarios anunciaron un proyecto para permitir excepciones en la materia.
La Contraloría respaldó al Ejecutivo por no entregar datos de pacientes a municipios.
La Contraloría General de la República se pronunció ante la solicitud de diversas municipalidades para acceder a datos personales de pacientes con Covid-19, luego que el Ministerio de Salud pidiera una resolución ante ese aspecto.
De hecho, el pasado viernes, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, presentó un recurso judicial para conocer las identidades de quienes están contagiados con la enfermedad, para tomar medidas sanitarias e ir en ayuda de las familias afectadas.
No obstante, de acuerdo al organismo contralor, no corresponde la entrega de esos datos a los jees comunales, respaldando así la postura de La Moneda.
"La información de salud relativa a los pacientes que hayan sido diagnosticados con Covid-19 forma parte de la ficha clínica de cada uno de ellos y constituye un dato sensible, que solo puede ser objeto de tratamiento —esto es, puede ser extraído, disociado, comunicado, cedido, transferido, transmitido o utilizado en cualquier otra forma— en lo que interesa cuando la ley lo autoriza expresamente", dice el escrito, según consignó El Mercurio.
El dictamen alude al artículo 19 -número 4- de la Constitución, que establece la protección de datos personales, así como también al artículo 2 de la ley de Protección de la Vida Privada (19.628) que considera a los estados de salud físicos o psíquicos como "dato sensible".
Además, apunta a la ley sobre derechos y deberes de los pacientes (20.584), que determina que "los terceros que no estén directamente relacionados con la atención de salud de la persona no tendrán acceso a la información contenida en la respectiva ficha clínica".
"Considerando que ni la referida Ley N° 20.584 ni otro texto legal vigente autorizan expresamente a las municipalidades o sus respectivos alcaldes para realizar el tratamiento de datos sensibles, no resulta procedente la entrega a tales entidades o autoridades de información de salud relativa a los pacientes que hayan sido diagnosticados con el denominado covid-19, sin su consentimiento", recalca el texto firmado por el contralor, Jorge Bermúdez.
Ante esto, en el Congreso admitieron el impedimento legal de la situación, por lo que senadores, tanto de Chile Vamos como de la oposición, presentaron ayer un proyecto de ley en la materia.
"Si queremos de verdad, entre todos, aplanar la curva, tenemos que hacer una excepción porque la ley de derechos y deberes del paciente no se pone en el caso de una pandemia, y hoy día tenemos muchos casos en que los alcaldes están haciendo muchos esfuerzos, pero actuando a ciegas por no tener toda esta información", planteó Jaime Quintana (PPD).
La iniciativa se tramita en la comisión de Salud del Senado y fue firmada por el propio Quintana, Guido Girardi (PPD), Carolina Goic (DC), Manuel José Ossandón (RN) y David Sandoval (UDI).
