La Alta Comisionada de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a los gobiernos del mundo tomar medidas urgentes para proteger la salud y seguridad de las personas que se encuentran detenidas o recluidas en instalaciones cerradas, por razones judiciales o médicas, ante el avance de la pandemia del coronavirus.
"El Covid-19 ha empezado a propagarse en las prisiones, las cárceles y los centros de detención de migrantes, así como en hospicios y hospitales psiquiátricos, y existe el riesgo de que arrase con las personas recluidas en esas instituciones, que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad", declaró.
"A menudo los internos se encuentran en condiciones higiénicas deplorables y los servicios de salud suelen ser deficientes o inexistentes. En esas condiciones, el distanciamiento físico y el autoaislamiento resultan prácticamente imposibles", lamentó.
"En esta crisis los gobiernos se enfrentan a cuantiosas exigencias de recursos y tienen que adoptar decisiones difíciles. Pero les insto a que no olviden a las personas que están encarceladas o recluidas en instalaciones cerradas, tales como hospitales psiquiátricos, hospicios y orfanatos, porque las consecuencias de su abandono podrían ser catastróficas", dijo la representante de ONU.
"Es esencial que en los planes para afrontar la crisis los gobiernos aborden la situación de las personas reclusas, a fin de protegerlas y proteger también al personal de los centros, los visitantes y, por supuesto, al conjunto de la sociedad", concluyó Bachelet.