Los tres imputados, dos de ellos reincidentes, realizaron un movido festejo durante la madrugada y fueron sorprendidos por Carabineros violando la cuarentena.
Los 16 detenidos restantes, que participaron del encuentro, deberán participar de una audiencia durante la próxima semana.
Con firma mensual y arraigo nacional quedaron este domingo tres imputados que participaron en una fiesta clandestina en Santiago Centro la madrugada de ayer.
La Policía detuvo a 19 personas que participaron de la celebración, que se realizó en un departamento, además de incautar diversas especies utilizadas en este irresponsable festejo, entre ellas algunas bebidas alcohólicas.
La Fiscalía Centro Norte había solicitado prisión preventiva para el organizador y para las otras dos personas, reincidentes en esto de las fiestas prohibidas por pandemia, arresto domiciliario total para uno y arresto nocturno para el otro.
Por este motivo, desde el Ministerio Público van a apelar dentro de los próximos días con el fin de obtener medidas cautelares de mayor intensidad para los involucrados.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dijo que el Gobierno se querellará contra los tres detenidos.
"Claramente no han entendido el mensaje, nos tenemos que cuidar entre todos y aquellas personas que no entienden que ponen en riesgo la salud de todos los chilenos cuando cometen este tipo de responsabilidad tendrán que responder ante la justicia", dijo la autoridad.
"Presentaremos acciones legales especialmente de las tres personas que además son reincidentes de incumplir tanto el toque de queda como la cuarentena", planteó.
Los 16 detenidos restantes, en tanto, quedaron a la espera de ser citados por la Fiscalía.
Cabe mencionar que durante el control de detención, el magistrado Mario Cayul, del Séptimo Juzgado de Garantía de la capital, decretó la ilegalidad del procedimiento pues, tras revisar un registro audiovisual y escuchar a los intervenientes, determinó que la policía ingresó sin autorización al inmueble.
Ante esto, según señala el Poder Judicial, el juez ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público para que investigue la eventual comisión del delito de falsificación de instrumento público.
