El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó este viernes que entregó al Ministerio Público "información relevante", correspondiente a reclamos de consumidores y antecedentes recogidos en fiscalizaciones, para que se investiguen casos que podrían constituir delitos en el marco del estado de excepción vigente por la pandemia de Covid-19.
"Los organismos fortalecieron su coordinación con el fin de identificar eventuales delitos económicos -ya sea de estafa, adulteración de precios, acaparamiento- en el contexto de la emergencia sanitaria", indicó el servicio.
Entre estos antecedentes hay "reportes de reclamos e información que consta en actas de fiscalizaciones relacionado con precios de exámenes y productos esenciales relacionados con la prevención del coronavirus".
En el marco del estado de excepción, quienes cometan delitos de manipulación de precios, ocultamiento y acaparamiento de productos esenciales o venta de alimentos riesgosos arriesgan entre 61 días a tres años de cárcel.
El organismo dio cuenta que, hasta ahora, "no ha encontrado evidencia de alzas injustificadas de precios o acaparamiento en el comercio formal", pero que "sí se han detectado algunos casos en la venta de portales por internet o pequeño comercio, así como casos de productos que supuestamente servirían para prevenir el coronavirus, sin evidencia de ello".
Instrucción a fiscales a "poner atención a este tipo de delitos"
A su vez, la Fiscalía Nacional instruyó a los persecutores del país a "poner atención a este tipo de delitos y realizar las investigaciones correspondientes atendida su gravedad en un momento de crisis".
"Lo anterior, para promover que, en los casos más graves de abuso, acaparamiento, especulación y fraude en la entrega de productos, exista una persecución penal orientada a obtener condenas para los autores de estos delitos", explicó el Sernac.
