"Si ellas no se han visto afectadas en sus ingresos, no debieran acogerse a la ley", explicó la ministra del Trabajo, María José Zaldívar.
Parlamentarios piden fiscalización del Estado y acusan aprovechamiento.
Según el diputado DC, Gabriel Silber, se está dañando el espíritu de esta iniciativa.
La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, aseguró que el hecho de que grandes empresas comiencen la repartición de utilidades y se acojan a una Ley de Protección al Empleo es una señal contraproducente.
"Como Ministerio del Trabajo hemos señalado que nos parece que las empresas que se acojan a la Ley de Protección al Empleo deben ser empresas que estén teniendo problemas y que, por lo tanto, si ellas no se han visto afectadas en sus ingresos, no debieran acogerse a la ley", explicó Zaldívar.
"Nos parece que la señal de distribuir utilidades que van más allá de lo que la ley establece como obligatorio, es una señal absolutamente contraproducente. No nos parece correcto que una empresa que no se está viendo afectada se acoja a la Ley de Protección al Empleo porque esta es una ley que busca darles una solución a los trabajadores de empresas que de otra manera no serían viables", manifestó la titular de Trabajo.
En total han sido más de 66.000 las empresas que se han acogido a la Ley de Protección al Empleo desde su entrada en vigencia el pasado 6 de abril y las que más han dado que hablar han sido grandes empresas como la aerolínea Latam y la empresa Cencosud.
La primera solicitó solvencia económica al Estado luego de varios días de inactividad producto de la pandemia de coronavirus y la segunda, perteneciente al empresario Horst Paulmann, anunció que se aprobó el pago de dividendos por un monto total de más de 91.000 millones de pesos, que equivalen "aproximadamente" a poco más del 80 por ciento de sus utilidades líquidas del 2019.
Todo esto antes de que se aprueben las correcciones a la Ley de Protección al Empleo, despachada por la comisión mixta de trabajo, durante las últimas jornadas.
Cuestionamiento desde el Parlamento
El diputado Gabriel Silber (DC) comentó que hay empresas que se están aprovechando del tiempo de discusión de las mejoras discutidas en la Comisión Mixta -planteadas por parlamentarios de oposición- para repartir sus utilidades, indicaciones que solicitan que las empresas se acojan y no repartan dividendos y que sus directores rebajen su dieta.
"Estamos viendo que previo a la dictación de esta prohibición, algunas empresas están acelerando su proceso de reparto de utilidades para quedar fuera de las aplicaciones de esta norma, lo que a nuestro juicio viola el espíritu de una norma que tenía por objeto proteger la liquidez en primer lugar de la empresa y cuidar a los trabajadores, más que cuidar el lucro de sus propietarios", argumentó el parlamentario de oposición.
Por su parte, desde el oficialismo, el diputado UDI Patricio Melero -miembro de la Comisión Mixta del Trabajo- aseguró que debe ser el Estado quien fiscalice que estos hechos no se repitan en el tiempo.
"La empresa debe demostrar que está en un nivel de dificultad que la ley permite para acoger el beneficio de que sus trabajadores puedan mantener el contrato de trabajo, pero financiarse el sueldo contra el subsidio de cesantía, debiendo el trabajador pagar solamente los seguros de salud, previsionales y de invalidez. De manera tal que el peso de la prueba está en la empresa que lo utiliza, y el Estado es el llamado a fiscalizarlo, y si efectivamente ha habido abuso se debe sancionar con la dureza que eso implique", opinó Melero.
Latam responde
Respecto a la postura de las empresas cuestionadas por la repartición de utilidades, Latam entregó un comunicado de prensa en el que manifiesta que el pasado 16 de abril, el directorio de Latam Airlines Group informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que era de la opinión de diferir la distribución del dividendo mínimo con cargo a utilidades del ejercicio 2019, respondiendo a las graves consecuencias de la pandemia.
Aun cuando la recomendación del Directorio a la Junta de Accionistas fue apoyada por más del 90 por ciento de los votos de los accionistas presentes, lo que no alcanzó para la unanimidad establecida por la normativa, por lo que se debió rechazar el diferimiento de la distribución del dividendo mínimo correspondiente al año 2019.
En consecuencia, por ley, la compañía está obligada a distribuir el dividendo mínimo.
