El director del Insituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, hizo un llamado de alerta por la "dramática" situación que se vive en los centros penitenciarios del país por la pandemia de Covid-19.
En conversación con El Diario de Cooperativa, Micco enfatizó en la realidad que se vive especialmente en la cárcel de Puente Alto, donde hay 19 internos y 29 gendarmes contagiados, cifra que podría aumentar drásticamente debido a que existen otros 42 funcionarios que se podrían sumar a la lista.
"Es una situación muy dramática, es la cuarta vez que voy, y yo lo que puedo observar es que ya hace cuatro semanas como INDH dijimos -pero esto ya en general como en todos los penales- es que podíamos pasar de la crisis tradicional de penitenciaría a una crisis sanitaria y luego a una crisis de seguridad pública, y ya estamos en la crisis sanitaria en Puente Alto", expresó.
"Yo quiero poner alerta en la población por las condiciones en las cuales está trabajando Gendarmería, ellos ya están recurriendo a invocar el juramento, a lo que ellos llaman agrandar el corazón", no solamente en Puente Alto, sino también en San Joaquín y San Miguel, agregó el director del INDH.
En el caso del Centro Penitenciario de San Joaquín, Micco indicó que no hay casos de contagio, pero que la preocupación radica en los funcionarios de salud.
"En San Joaquín te encuentras con Rubén que es el kinesiólogo, con una obstetra y con Rossana que es paramédica, y eso sería todo. Hemos pedido al Ministerio de Salud que haga el esfuerzo a través del Ministerio de Justicia de reforzamiento" de personal, apuntó Micco.
"Yo no quiero que saquen la conclusión de que poco menos esperen a que se contagien para que se preocupen de ellos. De Arica a Punta Arenas estamos hablando de 86 centros penitenciarios de envergadura, entonces se requiere ya reforzar una política estatal", concluyó el director del INDH.
Asimismo el capellán nacional de Gendarmería, Luis Roblero, sostuvo que si bien es criterio personal cuánto arriesga cada funcionario, no es momento de ausentarse debido a que hay escacez de personal.
"Yo soy partidario de que cada uno debe velar por su salud y cuidar su vida dentro de los marcos legales. Dicho eso, por supuesto que preocupa el alto nivel de licencias, los turnos que se establecen, la ausencia de funcionarios... se requiere gente, se requieren sicólogos", manifestó.
Tema prioritario
Por su parte, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, aseguró que están trabajando "con mucha atención" en esta situación y que la ley aprobada Indulto Covid permitirá conmutar el arresto carcelario por domiciliario.
"Es una situación delicada que estamos mirando con mucha atención. Acordamos tomarlo como un tema prioritario, cosa que es absolutamente necesaria porque la protección de la salud incluye para todos los que trabajan en las cárceles y para quienes están privados de libertad", señaló.
La autoridad agregó que "lo bueno es que esta semana se aprobó la ley de Indulto Covid que va a permitir que 1.300 personas que están privadas de libertad puedan conmutar su condena a arresto domiciliario".
"Le puedo garantizar y asegurar que como Gobierno vamos a tomar todas las medidas y acciones necesarias para proteger la salud de la población penal y de todos los gendarmes que trabajan en las cárceles. Es una prioridad y va a ser siendo", sostuvo.
Alcaldes preocupados
Los ediles de comunas con cárceles se mostraron preocupados por esta situación. El alcalde de Colina, Mario Olavarría, indicó que "nos interesa y nos preocupa, es mucha gente la que está ahí ubicada entonces el foco que podría expandirse en forma muy fuerte, a mí me preocupa, pero no hemos llamado a algún tipo de reuniones para afrontar estos problemas".
En tanto, el jefe comuna de Talagante, Carlos Álvarez, dijo "los reclusos voluntariamente tomaron la decisión de no recibir familiares, la mayoría de ellos, a lo que me informó el mayor han tenido buena colaboración de los internos, por lo tanto hna podido trabajar de buena forma para evitar contagios adentro".
