"Bajo la modalidad de transferencias electrónicas, estarían engañando a usuarios de redes sociales", señaló la Fiscalía.
La indagatoria comenzó por una denuncia de una concejal de Puente Alto.
Los responsables arriesgan 541 días de presidio.
La Fiscalía Metropolitana Sur abrió una investigación por delito de estafa, tras una denuncia de la concejala de Puente Alto Bernardita Paul, quien acusó una venta fraudulenta de las cajas de alimentos que comenzó a repartir el Gobierno.
Según informa El Mercurio, la entidad persecutora ordenó las primeras diligencias a la PDI, que se encuentra investigando el posible acceso ilegal que pudieron tener los desconocidos al beneficio.
"Se ha iniciado una investigación por eventual estafa en redes sociales referida a la supuesta venta de cajas con alimentos en el contexto de cuarentena en la Región Metropolitana por el corononavirus", señaló la fiscal Yasne Pastén.
La persecutora agregó que "de acuerdo a los primeros antecedentes, hay personas que, bajo la modalidad de transferencias electrónicas, estarían engañando a usuarios de redes sociales con ventas de estas cajas a cambo de determinadas sumas de dinero, lo que finalmente no se concretaría".
Pastén agregó que, en caso de comprobarse que las cajas existen, se indagará el origen de la mercadería. Los responsables del hecho arriesgan penas de hasta 541 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa.
