Con el compromiso del Gobierno de velar por la correcta aplicación de los parámetros administrativos de automaticidad en la inscripción y universalidad en la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia Universal (IFE Universal), la Comisión de Hacienda del Senado despachó el proyecto, en segundo trámite, a Sala.
La instancia otorgó su respaldo unánime a la iniciativa -tanto en general como en particular- y, en los mismos términos que lo hizo la Cámara de Diputadas y Diputados, quedó en condiciones de ser sometida al pronunciamiento del pleno de los senadores, que está citado para este sábado, en sesión especial, a partir de la 10:00 horas.
En lo fundamental, el texto incrementa el aporte para hogares de tres y cuatro integrantes, hasta llegar a 400.000 y 500.000 pesos, respectivamente y, por otra parte, se extiende el plazo a septiembre, pero pagando el 50 por ciento del beneficio.
Además, aumenta a partir de junio los montos del ingreso entregado a cada familia, por medio de un incremento a los aportes vigentes, el cual dependerá del número de integrantes del grupo familiar.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y su par de Desarrollo Social, Karla Rubilar, pidieron a los parlamentarios aprobar lo antes posible el proyecto del IFE Universal, con el fin de empezar a pagar estos beneficios a fines de junio.
"Como esto es tan importante para muchos chilenos, creo que, si fuera posible, despachar en segundo trámite sería una muy buena noticia", dijo el jefe de las arcas fiscales.
Así, durante los meses de junio, julio y agosto, el pago se realizaría de manera íntegra, mientras que en septiembre los montos se reducirán a la mitad.
GOBIERNO SE COMPROMETIÓ A SALIR A BUSCAR A LOS CHILENOS QUE NO ESTÁN EN EL RADAR DEL ESTADO
Durante el debate de la comisión, el senador opositor Carlos Montes (PS) remarcó que "cómo puede ser que nos están quedando afuera gente". Según cálculos, expuso, "son 300.000 hogares que no están recibiendo apoyo del Estado dentro del 40 por ciento más vulnerable (...) uno se encuentra con situaciones bastante increíbles de personas que no han tenido la información porque están muy aisladas en la sociedad".
"Yo lo que he visto respecto a la (comisiones) Rettig, Valech y exonerados, por alguna razón que no entiendo, ellos no fueron incorporados administrativamente al Registro Social de Hogares y teniendo todos los datos el Estado, ¿por qué no se les incorporó administrativamente?", cuestionó también.
En esa línea, Montes planteó que "necesitamos es que haya un dispositivo, a partir del Ministerio de Desarrollo Social, que articule a los organismos del Estado que algo tienen que ver en esto, que articule un equipo y que ese equipo tenga que informar a los que están dentro del Registro y, a su vez, hacer campañas comunicacionales y ver como llegar al resto, porque eso permitirá que todo el mundo tiene la oportunidad de saber que esto es posible".
Coincidió con el senador socialista su par oficialista Juan Antonio Coloma (UDI): "Al final, algunas de las ayudas terminan no llegando a la gente para las cuales están diseñadas. Queda ese remanente, que son personas, son los más marginados de los marginados. Uno se encuentra en estos días con personas que se complican, se enredan, también hay problemas de distinta naturaleza, por edad, porque no saben cómo se postula o por vergüenza", apuntó.
La subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, respondió a aquello y planteó que, "por ejemplo, una persona que puede estar en el Registro por una situación antigua, no ha actualizado su contacto reciente con el Estado; en el caso de una persona en situación de calle que vivía hace cinco, seis, diez, quince años en la Región de Magallanes y que hoy esté en Arica o en la Metropolitana, obviamente sin cuenta corriente, (dificulta) hacerles un pago presencial en una región donde ni siquiera va a poder optar a este apoyo".
"Es muy importante hacer la distinción respecto a estar en el Registro y tener un contacto reciente con el Estado", puntualizó.
Para evitar que estas disposiciones quedasen en el proyecto de ley como indicaciones, lo cual hubiera obligado a un tercer trámite legislativo, el Gobierno asumió el compromiso, que este sábado quedará por escrito.
"Por supuesto que nos comprometemos a poder dejar ese principio activo de un ministerio en acción que, finalmente, cruce toda la información posible, con toda la institucionalidad, busque cuál es efectivamente cuál es el último punto de contacto con el Estado para poder generar el pago, ya sea a una cuenta o presencial; a encontrar a las personas que nos falta por encontrar", prometió la ministra Rubilar.
DETALLES DEL PROYECTO
El proyecto modifica el requisito para acceder al beneficio de pertenecer al 80 por ciento más vulnerable de la población nacional al 100 por ciento de este segmento, conforme al Registro Social de Hogares.
Se excluyen solo quienes tengan un ingreso líquido por integrante del hogar superior a los 800.000 pesos mensuales (así no se incluyen a quienes pertenezcan al 10 por ciento de más altos ingresos del país). En caso de haber variaciones sobre el punto en el último tiempo, por la caída de ingreso o pérdida de trabajo, puede actualizarse mediante declaración jurada.
El pago del beneficio será automático para quienes cuenten con un integrante que haya recibido el beneficio en abril de 2021 (5,7 millones de hogares, más de 12,2 millones de personas), tema que el Gobierno amplió a hogares que al menos tengan un integrante que reciba pensión solidaria de invalidez o vejez, pensión básica de invalidez o vejez; subsidio de ingreso mínimo garantizado, asignación familiar o maternal. Por efecto de lo anterior, se estima alcanzar a 400.000 personas más.
El resto de los hogares no deberá postular, solo ingresar RUT o datos, por ejemplo, de cuenta bancaria para depositar, si es que no han tenido contacto previo con el Estado.
El aspecto más relevante de la iniciativa es el aumento, a partir de este mes (junio), de los montos del ingreso entregado a cada familia, por medio de un incremento a los aportes vigentes, el cual dependerá del número de integrantes del grupo familiar.
Por efecto de lo anterior, una familia de un integrante recibirá un aporte adicional de 77.000 pesos; una de tres, 100.000 pesos; una de seis, 89.000 pesos; y una de 10 o más integrantes, 128.000 pesos.
Luego, se extiende el plazo máximo para el cobro de cada uno de los aportes del IFE otorgados. Así, aquellos pagos que hayan caducado podrán ser cobrados hasta el 31 de diciembre de 2023.
Asimismo, junto con reiterar que la vigencia de la ley comienza el 1 de junio de este año, se reafirma que los aportes que sean entregados se deberán conceder hasta agosto de 2021 sin distinción alguna en razón a la comuna o localidad y sin considerar parámetros sanitarios objetivos. Además, extiende el plazo a septiembre, mes en que se entregará el 50% del monto por hogar del mes anterior.
