El ministro de Justicia, Hernán Larraín, presentó este martes un "Plan de Acciones para Enfrentar la Futura Normalidad", que contempla la creación de dos grupos de trabajo e incluye propuestas en el ámbito de la justicia penal, civil, comercial, laboral y de familia.
Ambos grupos de trabajo actuarán en forma paralela, en los mismos plazos, y su objetivo será entregar propuestas para resolver anticipadamente las dificultades que se avizoran para el retorno del funcionamiento de la justicia.
Esto, debido a que se prevé la sobrecarga del sistema para el segundo semestre, y eventualmente en 2021, producto de la suspensión actual de audiencias y el retraso de actuaciones judiciales.
Además, durante la pandemia, surgió la necesidad de adaptar el sistema de justicia a la "futura normalidad", aprovechando las lecciones y mejoramientos al sistema que deja esta experiencia, como las videoconferencias, por ejemplo.
"Los antecedentes que tenemos, y que hoy día ya se están produciendo, hablan de una suerte de congestión previsible hacia el futuro, por la cantidad de actuaciones judiciales que se han suspendido y que se van a reactivar, una vez tengamos el pleno restablecimiento de nuestro país", apuntó el secretario de Estado.
"Tenemos algunas ideas que ya se están conversando para resolver en lo penal como dice relación modificaciones en los procedimientos abreviados, los cambios en las formas de efectuar los términos probatorios, qué hacer cuando se produce la anulación de los juicios para ver si hay que repetir todo el proceso o podemos hacer algo más simplificado o parcial", añadió.
Larraín remarcó que "en el ámbito civil, también pensamos que esta es una oportunidad para repensar ciertas materias como, por ejemplo, podemos incorporar instancias como las mediaciones o trámites conciliatorios que nos hagan más rápida y más efectiva las decisiones judiciales por vías no necesariamente tan formales y estructuradas".
Ambas mesas de trabajo serán coordinadas por el ministro Larraín, quien será el encargado de elaborar las iniciativas de ley que el Ejecutivo propondrá al Congreso, en un plazo no superior a 45 días.