A 300 días de presidio con pena sustitutiva de remisión condicional y con autorización para salir del país fue condenada la denominada "paciente cero" de San Javier, quien introdujo a Chile la variante Delta luego de llegar desde Estados Unidos el pasado 5 de junio para asistir al funeral de su padre.
La mujer, junto a su hermana y cuñado, violaron la burbuja sanitaria del permiso humanitario que le permitió en ese entonces ingresar al país.
"Tuvo contacto con varias personas en un funeral realizado en junio en San Javier y a su vez infringió las disposiciones que indicaban que no debería tener contacto con ninguna persona en el trayecto de Santiago a San Javier. Por ello, fue condenado a una pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo, que es una pena que establece este delito para estas situaciones", detalló el fiscal Patricio Caroca.
Luego de un juicio simplificado, la mujer de 45 años admitió su culpabilidad por el delito de atentado a la salud pública y confirmó haber pagado la multa por el sumario sanitario de la Seremi de Salud.
Lo anterior fue negado por la seremi de Salud subrogante, Valery Salinas, quien explicó que al caso positivo se le cursó una multa por 200 UTM y a ambos contactos estrechos una por 100 UTM. "No se ha registrado pago a la fecha de ninguna de las tres multas, por lo cual el Consejo de Defensa del Estado procederá a su cobro si así lo determina", declaró la autoridad.
Desde el Colegio Médico valoraron la sentencia por violación de la burbuja sanitaria y el secretario del gremio en el Maule, Carlos Toha, enfatizó en que "la diferencia que marca -un precedente- es que aquí efectivamente hay un atentado a la salud píblica en donde, esta paciente portadora de la variante delta de Covid, podría haber expuesto a muchos san javierinos".
Respecto a la hermana y el cuñado, que la fueron a buscar al aeropuerto y que también fueron formalizados, hubo suspensión de la investigación condicional por un año, supeditada a una donación de insumos sanitarios a la Cruz Roja de San Javier equivalente a 300 mil pesos, además de fijar domicilio por un año e informar cualquier cambio a la Fiscalía local.
"Aceptaron una propuesta de la Fiscalía Local de San Javier referente a una suspensión condicional del procedimiento. Esto es, en un plazo de un año, deben fijar domicilio y avisar los cambios, y efectuar un aporte de la Cruz Roja filial de San Javier ascendente a 300 mil pesos", puntualizó el defensor de los contactos estrechos, Alfredo Grandón.