La acción judicial apunta al intendente Roberto Erpel y el administrador regional, Giancarlo Baltolú.
El recurso busca establecer responsabilidades luego que la Contraloría revocara el contrato de compra de canastas familiares.
15 organizaciones sociales hicieron la presentación del recurso.
Un total de 15 organizaciones de la sociedad civil presentaron un recurso de protección en contra de la Intendencia de Arica y Parinacota tras la entrega fallida de Canastas Familiares ocurrida durante la semana pasada producto de irregularidades en el proceso de compra.
La acción legal, interpuesta en contra del Intendente Roberto Erpel y el Administrador Regional Giancarlo Baltolú, busca establecer responsabilidades luego de que la Contraloría General de la República revocara el contrato de compra de canastas familiares, hecho que también es investigado por un fiscal especial ante posibles delitos funcionarios.
El líbelo apunta al deber del Estado de garantizar el acceso a los alimentos de la población vulnerable en medio de estado de catástrofe producto de la pandemia por Covid-19 que afecta al país.
Las organizaciones civiles también acusan, que a pesar de haber enviado diversos listados de afectados a la Intendencia, ninguna de las asociaciones recibió canastas familiares de las seis mil 500 que se alcanzaron a repartir antes del término del contrato.
Los demandantes exigieron a la Corte de Apelaciones de Arica que se restituya, reemplace o compense la ayuda que aseguran debieron recibir por parte del Estado.
