Gobierno presentó la iniciativa al Senado en el marco del plan para minimizar los efectos de la pandemia de coronavirus.
Quedarán excluidos de este beneficio todos los condenados por delitos graves, como homicidios, violación, secuestros y delitos de lesa humanidad.
Para acceder al beneficio, el proyecto establece ciertos filtros.
El Gobierno ingreso al Congreso, directamente al Senado, un proyecto con el que pretende beneficiar a unos 1.300 reos de las cárceles para otorgarles un indulto general conmutativo.
En concreto, la iniciativa pretende cambiar las penas privativas de libertad de estos internos, bajo ciertos criterios, por la de reclusión domiciliaria total para cumplir el resto de sus condenas, esto bajo el plan del Ejecutivo para minimizar los efectos de la pandemia del coronavirus.
El ministro de Justica, Hernán Larraín, explicó que "de esta decisión quedarán excluidas, aquellas personas que tengan condenas por delitos gravísimos, como: homicidio, en distintos grados; secuestro, de distinta naturaleza; y violaciones, de distintas formas".
"La población que es beneficiada es aquella que tienen una peligrosidad menor. Tenemos una estimación aproximada, si se aprobara este proyecto como está, del orden de 1.300 personas, más o menos", agregó Larraín..
Filtros para acceder al beneficio
De todos modos, el proyecto plantea una serie de filtros, como tener mínimos cumplidos y saldos de penas máximas.
Esta medida beneficiará a las condenadas que tengan más de 65 años o las mujeres embarazadas o que tuvieran hijos menores de dos años, así como a todos los mayores de 75 años, que podrán cumplir el resto de sus penas con arresto domiciliario total.
En el caso de las embarazadas o con niños de dos años o menos que estén con ellas en prisión que tengan como mínimo un tercio de la condena cumplida y un saldo pendiente de 36 meses, accederán a este arresto domiciliario total por el resto de la condena.
También se beneficiarán las personas de entre 65 a 74 años que hayan cumplido la mitad de la pena, con un saldo pendiente de 36 meses.
En este contexto, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Alfonso de Urresti (PS), presentó una indicación para dejar explícitamente excluidos de este beneficio a los condenados por crímenes de lesa humanidad, como por ejemplo los reos de Punta Peuco.
"No es admisible que, apropósito de esta situación aquellos criminales, condenados por delitos de lesa humanidad, principalmente los de Punta Peuco, traten de obtener beneficios. Esto es para los reos comunes", enfatizó.
