El Senado aprobó este miércoles un proyecto de ley que suspende el corte de servicios básicos por no pago en virtud de la crisis originada por la pandemia de coronavirus en el país.
La iniciativa fue refundida en una iniciativa (boletín 13315-08) a partir de varias propuestas presentadas por los senadores opositores Guido Girardi (PPD), Ximena Rincón (DC), los PS Álvaro Elizalde y Rabindranath Quinteros, además de Alejandro Navarro, entre otros.
El senador Elizalde expresó que este proyecto "va más allá" de los beneficios otorgados por el Gobierno en acuerdo con las empresas y apuntó que "al tener rango legal, hace obligatorio el otorgamiento de estos beneficios".
"Se incorporó a las cooperativas porque la idea es tener la mayor cantidad de personas que sean beneficiadas, pero se estableció una normativa especial en que las cooperativas pueden pagarle al respectivo proveedor de energía en un plazo similar a aquel que se les da a sus clientes", detalló el legislador.
Sin embargo, su par de la UDI Juan Antonio Coloma dijo que "no lo considero constitucional: esto se hace cargo de algo vinculado al derecho de propiedad, que es una ley, respecto el cual involucrarse supone necesariamente tener algún tipo de responsabilidad".
Proyectos cruzados en el Senado y la Cámara Baja
El texto fue visado por la Sala y despachado para su revisión a la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que generará una particular situación en el Congreso, ya que, a su vez, el Senado también deberá analizar otro proyecto impulsado y aprobado -hace dos semanas- por la Cámara Baja, que va en el mismo tenor; ambos, ya en segundo trámite constitucional.
Si bien ambas propuestas van en el mismo sentido, tienen algunas diferencias: el de los diputados busca que la suspensión de los cortes se extienda durante todo el estado de catástrofe, que rige desde marzo en el país, y establece multas por incumplimiento de 1.000 a 2.000 UF; mientras que el de los senadores fija una vigencia del beneficio por 90 días desde publicada la eventual ley, en tanto que no contempla sanciones.
Coinciden, por otra parte, en que las deudas contraídas durante el período de no pago de los servicios básicos -sin suspensión por ley- se podrán prorratear en 12 pagos en las cuentas futuras.
La diputada Joanna Pérez (DC), una de las impulsoras de la iniciativa en la Cámara Baja, lamentó que se dé esta situación: "Que ambas Cámaras ingresemos proyectos está jugando una mala pasada en las familias, porque en vez de trabajar en un mismo proyecto, que podemos enriquecerlo, estamos trabajando de manera separada, donde no se da tratamiento a un proyecto que se ingresó con fecha 18 de marzo, y que fue despachado por la Cámara, y en el Senado decidieron empezar de cero".
Ambos proyectos, además, parecen afrontar distintas aceptaciones por parte del Gobierno: una vez que aprobado el de los diputados, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, hizo reserva de constitucionalidad -por lo que debería ser visto en el TC si llegase a despacharse del Congreso-, pero sí participó en la tramitación de la propuesta de los senadores y no realizó la mencionada reserva.
Todo esto mientras que 98 mil clientes han sido beneficiados, postulación mediante, por los acuerdos convenidos por el Gobierno con empresas que prestan los servicios básicos para el mismo fin: suspender los cortes durante la crisis actual.
