El Tribunal Constitucional lo declaró inadmisible por ingresar fuera de plazo, luego de que el Presidente promulgara ayer la ley.
El Tribunal Constitucional declaró, en forma unánime, inadmisible el recurso en contra de la ley que endurece las sanciones contra quienes incumplan las medidas sanitarias a propósito de la pandemia por coronavirus.
Parlamentarios del Partido Socialista buscaban que se declarara inconstitucional al considerar que puede criminalizar a personas que no puedan cumplir la cuarentena para cubrir sus necesidades básicas.
El TC consideró que el recurso ingresó fuera de plazo debido a que ayer jueves el Presidente Sebastián Piñera promulgó la ley.
En específico, la ley introduce cambios al Código Penal y sanciona con multa de hasta 200 UTM (más de 10 millones de pesos) o hasta tres años de cárcel a quienes infrinjan las medidas; sanciones que serán independientes a las que actualmente puede imponer la autoridad sanitaria, mediante sumarios, cuyas multas pueden llegar hasta 50 millones de pesos.
Asimismo, establece que quienes, a sabiendas, generen riesgo de propagación de agentes patológicos -es decir, aquellos que estando confirmados como positivos a Covid-19 no cumplen el aislamiento-, arriesgarán hasta cinco años de presidio y una multa cercana a los 12,5 millones de pesos.
Se considerará como agravante el organizar eventos clandestinos; en tanto, cuando la pena sea privativa de libertad, el juez podrá sustituirlas por trabajos comunitarios. Se agregan también sanciones a quienes obliguen a trabajadores a desplazarse a lugares de trabajo.
La vocera de Gobierno, Karla Rubilar, lamentó que "hayan personas que no entiendan que hay detrás de esta ley" apuntando a los parlamentarios que presentaron el recurso ante el TC.
"Queremos sanción y en ese entendido agradecemos primero que tuvo una amplia mayoría en el Congreso y por eso fue aprobada. Lamentamos que hayan personas que no entiendan lo que está detrás de esta ley y hayan tratado de frenarla", dijo
Y agregó que "el Tribunal Constitucional ha dicho algo que en una verdad: una vez promulgada una ley ya no hay requerimiento posible, así que solo nos quedamos con los parlamentarios, con los diputados y senadores que entendieron la importancia de esta ley y la aprobaron".
En tanto, el diputado PS Marcos Ilabaca, reaccionó y sostuvo que "el Gobierno debe estar contento y feliz porque ganó por secretaría. Si el tribunal hubiese visto el fondo de la materia pierde en el Tribunal Constitucional, pero además, el Gobierno deberá hacerse responsable a los riesgos que va a exponer a la población".
De la misma manera, la diputada Pamela Jiles (Partido Humanista) indicó que "el Gobierno corrió a promulgar esta legislación represiva en un tiempo anómalo, que lo que hace básicamente es reprimir a personas humildes, a personas que hoy día necesitan la protección".
