El ex fiscal Raúl Guzmán era investigado por infringir las normas sanitarias y consumir alimentos en un local durante la cuarentena.
El tribunal, cuyo fallo con los argumentos de fondo aún no se conoce, afirmó que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito.
La indagatoria liderada por la fiscal Marcela Cartagena quedará sin efecto.
El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inaplicabilidad presentado por el secretario del Senado, Raúl Guzmán, y decidió suspender su formalización por haber infringido las normas sanitarias en junio pasado.
Según publicó La Tercera, con esta decisión quedará sin efecto la indagatoria por infracción sanitaria, que se encontraba a cargo de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena.
El principal argumento para tomar esta decisión es que no se puede juzgar a alguien dos veces por el mismo delito, ya que Guzmán fue sancionado con una multa de 2,5 millones de pesos en el marco del sumario sanitario de la Seremi de Salud.
El escrito del fallo donde se argumentan las razones de por qué se acogió el requerimiento aún no se conoce, pero según el acta de la última reunión del TC, la causa quedó en acuerdo a la espera de la sentencia, que será redactada por el ministro Juan José Romero.
La investigación se inició luego que Guzmán, acompañado por el fiscal Patricio Rosas y el abogado Roberto Contreras, visitara un local de mariscos en San Miguel sin respetar la cuarentena y la prohibición de consumir alimentos al interior de este tipo de recintos.
La defensa de Guzmán aseguró que esperan que este fallo sirva como precedente para otras personas que sean investigadas por este tipo de causas.
La causa penal había generado incomodidad en el Senado, cuya Comisión de Régimen de Interno había adelantado que lo suspendería cuando fuera formalizado el año pasado; sin embargo, el TC también frenó esa instancia en noviembre.
Cuestionamientos a decisión del TC
La decisión tomada por el Tribunal Constitucional fue cuestionada por el presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, que manifestó que "no comparto el razonamiento del Tribunal Constitucional, en cuanto a que por haber una infracción administrativa, no pueda sancionarse penalmente".
"Una sanción establecida en el Código Sanitario tiene fines distintos, corren por cuerdas separadas (con la penal), y es hasta peligroso imputar sanciones administrativas a procesos penales, puede provocar confusiones", alertó.
"Hay que conocer también cual es el razonamiento que hay de fondo en algunas afirmaciones hechas por el TC en cuanto a que la norma del artículo 318 podría ser inconstitucional, por cuanto sería una ley penal en blanco y la verdad es que las leyes penales en blanco en Chile existen, siempre cuando se cumplan determinados requisitos", planteó.
Para Uribe, este tipo de leyes "son absolutamente constitucionales y me parece que el artículo 318 cumple los requisitos mínimos como para ser considerado constitucional".
La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, sostuvo que "todas las faltas contra la salud pública de las personas hay dos líneas, una son las faltas administrativas y otras van por el lado penal. Hoy día, la atribución que tiene la autoridad sanitaria, que son las seremis de Salud, es sancionar económicamente y sabemos que esas sanciones pueden llegar hasta 50 millones de pesos".
"El Código Penal tiene su línea y obviamente el Tribunal Constitucional ha determinado una situación, pero desde el punto de vista de la autoridad sanitaria obviamente la falla administrativa y las sanciones administrativas se están aplicando y se van a seguir aplicando", dijo.
"Yo creo que (para) todas las personas que infringen la ley nos gustaría tener todas las herramientas (para perseguir), pero no puedo comentar el fallo del TC porque no me corresponde y tampoco puedo hacerlo", reaccionó a su vez el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.
