Los denunciantes en esta causa valoraron la decisión, dado que cerrarla "era muy prematuro".
La polémica afecta a diferentes políticos, sindicalistas, empresarios y otros allegados al oficialismo, que habrían recibido la dosis cuando no les correspondía.
Un tribunal de alzada de Argentina ordenó este lunes reabrir la causa judicial que investigaba el presunto acceso privilegiado a la vacunación contra el Covid-19, confirmaron fuentes del caso.
La decisión fue adoptada por la sala I de la Cámara Federal, que resolvió a favor de una apelación que había presentado la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) contra un fallo de la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti.
En julio pasado, la jueza había archivado la investigación a 65 de los 70 sospechosos en esta causa por entender que había inexistencia de delito.
"Estoy conforme con lo resuelto por la Cámara, que entendió que el cierre del caso era prematuro y que, por tanto, hay que seguir investigando", dijo a Efe el abogado Jorge Monastersky, uno de los denunciantes en esta causa.
El escándalo por la "vacunación VIP" se desató en febrero pasado cuando el periodista y escritor Horacio Verbitsky, de 79 años, dio a conocer en un programa de radio que se había vacunado dentro de la sede del Ministerio de Salud tras hablar con su "amigo" Ginés González García, hasta entonces titular de la cartera sanitaria.
Luego se conoció que, además de Verbitsky, hubo políticos, sindicalistas, empresarios y otros allegados al oficialismo que también recibieron la vacuna presuntamente en condiciones de privilegio, ya que en esos momentos la inoculación era aún para personal prioritario, como los profesionales de la salud.
El escándalo suscitó una lluvia de denuncias judiciales contra funcionarios responsables y beneficiarios de esta presunta vacunación irregular y obligó al presidente Alberto Fernández a sustituir a González García por Carla Vizzotti al frente del Ministerio de Salud.
Monastersky resaltó que la Cámara Federal hizo lugar a sus argumentos al entender que "hubo hechos que se presumen como delitos" de "abuso de poder" y de "falsedad ideológica", esto es, el "introducir datos falsos en un documento público" para "alterar el orden de los vacunados" en contra de los "ciudadanos comunes".
